Amnistía Internacional pide investigación penal contra altos mandos de Carabineros por represión en protestas de 2019 y recomienda reformar la institución

Amnistía Internacional presentará este miércoles su informe final sobre la situación de protestas en Chile, en el que concluye que los altos mandos de Carabineros deberían ser investigados por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el estallido social.

“Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social” es el nombre del reciente informe, el cual será presentado oficialmente a las 11 horas de este miércoles, y donde se detalla la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019.

Entre las conclusiones del citado documento, se estableció que se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos, el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada.

“Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes", denuncia la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, quien agrega: “La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de Derechos Humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.

Asimismo, Amnistía afirma que, al margen del lapso de tiempo analizado, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo pasado, cuando la pandemia por Covid-19 hizo cesar temporalmente las protestas. De hecho, la organización citó como ejemplo de nuevos episodios de violencia la reciente caída de un adolescente de 16 años desde el puente Pio Nono hacia el Río Mapocho, hecho por el cual está formalizado por homicidio frustrado el carabinero Sebastián Zamora.

Amnistía sostiene que el uso excesivo de la fuerza y la impunidad en el seno de Carabineros por violaciones de Derechos Humanos no son exclusivas de los hechos acontecidos desde octubre de 2019, sino que, manifiesta, son parte de “un patrón histórico, que pone en evidencia la necesidad de reformar estructural y profundamente la institución, incluyendo mecanismos eficaces e independientes para el control y la rendición de cuentas”.

Tras su análisis, Amnistía llegó a la conclusión de que existen razones para considerar que al menos el general director, Mario Rozas; el general subdirector, Diego Olate; y el director de Orden y Seguridad de Carabineros, Ricardo Yáñez, habrían tenido conocimiento de las violaciones de Derechos Humanos a través de información pública y oficial.

Por otra parte, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas con la munición disparada con escopetas o con bombas lacrimógenas. Entre las que destacan el trauma ocular, con 347 casos al 30 de noviembre de 2019. Número que ascendía a 460 para marzo de este año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

De igual manera, Amnistía argumenta que los citados mandos estratégicos tardaron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad. Así mismo, también estima que la creación de un equipo para asesorar al general director de Carabineros tampoco supuso cambios en la estrategia y planificación en la gestión de las operaciones.

Según Amnistía, durante el período analizado prácticamente no hubo sanciones disciplinarias, a pesar de que había más de 4.000 denuncias ante la Fiscalía en contra de oficiales de Carabineros. De las 170 sanciones anunciadas por la institución policial en el mes de julio de 2020, únicamente 16 conllevaron el cese del puesto, afirma la organización.

En otros casos, a pesar de que oficiales de Carabineros aceptaron su autoría en las lesiones graves, no fueron sancionados, lo cual, según la ONG, permitió que funcionarios involucrados en violaciones de Derechos Humanos permanecieran en sus puestos, y alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante en la institución.

Guevara Rosas resalta que “oficiales de Carabineros reprimieron las protestas disparando munición altamente lesiva, de amplia dispersión y contraria al estándar internacional sobre uso de la fuerza”.

Sin embargo, dice, “lejos de prohibir estos balines de goma y metal como munición antidisturbios, como se debería haber hecho, fueron disparados de manera descontrolada, en ocasiones con la intención de dañar a los manifestantes, o sabiendo que era probable que ocurriese”. “Esta estrategia de impunidad se vio favorecida por la falta de trazabilidad de la munición empleada, debido a que no quedaban huellas en el arma desde la que se disparaba”, agregó.

Por otra parte, la ONG también pone en tela de juicio la actuación de ciertos mandos operativos de la Región Metropolitana, como el jefe de Zona Metropolitana (STGO1) o el jefe de Zona de Orden, Control e Intervención (STGO4), quienes, según el informe, tampoco habrían ejercido un debido control sobre sus subordinados, “como era su obligación", lo que conllevó a que coordinaran operaciones en las que oficiales de las Fuerzas Especiales dispararon su armamento de forma indiscriminada y hacia zonas corporales de alta letalidad, según consigna Amnistía.

“El hecho de que estos mandos operativos de la Región Metropolitana dirigieran y coordinaran las operaciones y estuvieran directamente implicados en violaciones de derechos humanos, habría alentado al resto de sus subordinados a operar de la misma manera en contra de manifestantes”, indica Guevara Rosas.

Según el informe de Amnistía Internacional, los intentos del Ejecutivo fueron “insuficientes” y el discurso de apoyo a la labor de Carabineros favoreció la continuidad de dicha estrategia.

“Se deben deslindar todas las responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales, hasta el máximo nivel, de todas aquellas personas que en su posición de garantes conocían o debieron conocer la magnitud de las violaciones de derechos humanos y no las evitaron, aunque tuvieron la capacidad y la obligación de hacerlo”, recalca Guevara Rosas.

Para la responsable de Amnistía, “si algo puso en evidencia esta crisis es que la institución de Carabineros está obsoleta y necesita adecuarse a las necesidades de la población, sometiéndose al poder civil de manera plena, y ejerciendo sus funciones desde el absoluto respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y la rendición de cuentas”.

En cuanto al plebiscito del 25 de octubre, Amnistía considera que el proceso para la adopción de una nueva Constitución “es una oportunidad histórica que debe permitir que los derechos económicos y sociales demandados por la población se garanticen para todos”.

Según Guevara Rosas, “la Fiscalía Nacional y el poder judicial tienen una labor titánica por delante, pero crucial para el bienestar del país: terminar con la tradición de impunidad de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por Carabineros”. “La justicia, la verdad y la reparación a las víctimas es el mejor remedio para un país herido”, concluye.