Ángela Vivanco, ministra Corte Suprema: "No puede ser que el mensaje sea que por falta de recursos usted deba morirse"

Ángela Vivanco, ministra integrante de la Tercera Sala de la Corte Suprema -dedicada a examinar los recursos de protección que ciudadanos interponen cuando sienten vulnerados sus derechos constitucionales- tiene el convencimiento de que la vida nunca debe postergarse por falta de recursos.

Desde 2016 que esa sala ha fallado a favor de personas que poseen enfermedades con tratamientos de alto costo o sin cobertura, y cuyos medicamentos se encuentran fuera de las prestaciones públicas.

"Efectivamente hay una jurisprudencia que se ha ido sosteniendo y se ha ido haciendo mayoritaria en la Tercera Sala. Estos casos llegan por la vía del recurso de protección y muchas veces los pacientes, habiendo otras acciones que impetrar, optan por su protección porque es una acción sencilla y rápida", dice la magistrada respecto de los fallos que obligan al Estado a entregar prestaciones. "Como jueces no podemos, viendo que una personas recurre a nosotros, decirle, mire, como no hay fondos, muérase", agrega.

Por parte del Ejecutivo se ha criticado que este tipo de fallos repercutirá en el presupuesto nacional. ¿Qué responde a ese planteamiento?

Para fortuna o infortunio de los pacientes, no son muchos. No son hordas de pacientes que vienen a reclamar por estos medicamentos. Estamos hablando de grupos reducidos de personas. Esto hace que es muy poco probable que darles prestaciones a ellos vaya a hacer quebrar el sistema de salud. Es cierto que tiene una incidencia económica importante. Pero por otro lado, también es cierto, y así lo hemos dicho en los fallos, que el tema económico, que obviamente es relevante, no puede transformarse en algo que cobre más importancia que la vida de las personas. Aquellos casos en que se constata que la única opción que tiene la persona es ese medicamento y, en definitiva, la única posibilidad que tiene es que en ese fallo se le otorgue ese medicamento, por caro que sea, nosotros no podemos hacer una consideración de que es más importante el factor económico que la vida de la persona.

¿Se debe legislar sobre esto?

Se tienen que revisar esas situaciones desde el punto de vista de procurar una creciente cobertura, sin necesidad de que la gente tenga que pedirlo por fallo, lo cual es una decisión de los colegisladores tanto del Presidente como del Congreso. No estamos hablando de personas que ya hicieron su vida, sino que estamos hablando de un porcentaje altísimo de niños. ¿Qué le vas a decir a los padres? ¿Que su hijo tiene que morirse porque no hay recursos? El Estado social implica que se haga un esfuerzo desde el punto de vista de hacerse cargo de esas situaciones, que son situaciones extremas y eso puede generar problemas económicos, pero son problemas que ya se pueden manejar y que, de alguna manera, también hay que prever para darle alguna solución a la gente que tiene enfermedades raras y está huérfana (de cobertura). No puede ser que el único mensaje sea que por falta de recursos usted deba morirse.

Entonces hay asidero en relación a que ustedes están corriendo el cerco para que el legislador coja el guante.

Nosotros no podemos darle ni instrucciones ni consejos al legislador, no es nuestra tarea. Nosotros no tenemos contacto directo con el legislador, más que cuando el legislador nos pide una opinión por un proyecto de ley. De tal manera que en los fallos nunca ponemos que sería bueno que se legisle. Es un mensaje tácito que hay una situación compleja y grave que amerita observarla. ¿Y cómo se observa? Eso le corresponde a los otros poderes del Estado, observarla presupuestariamente y observarla legislativamente. Nosotros nos limitamos a decir que en esta circunstancia extrema damos la prestación porque de otra manera la persona se muere.

¿Han sentido presiones de parte del Ejecutivo cuando ellos realizan este tipo de críticas en que dicen que la Corte Suprema, desde sus fallos, está dirigiendo las políticas públicas?

Cuando uno está en el Poder Judicial, uno tiene que hacerse la idea de que los fallos no le van a gustar todas las personas. Si se fallara pensando en dejarlos a todos contentos, para partir, no hay modo de hacer eso y no se serviría el propósito de la justicia porque sería acomodaticio. Hay situaciones en que hay que tomar una postura y en mi caso personal considero que la postura adecuada es siempre propersona, proderecho. Creo que eso es lo que corresponde desde el punto de vista de la administración de justicia. Por esos fallos uno evidentemente recibe críticas. De repente hay alguna autoridad que dice: "Mire, no me parece, no es la forma, ustedes están invadiendo funciones de otros". Están en su legítimo derecho, pero nosotros no fallamos para darle en el gusto a nadie.

¿Poseen un catastro de cuántas personas, fuera de las que han recurrido a la Corte, padecen estas enfermedades y que, después de esta señal de acoger sus reclamos, pudiesen llegar a esta instancia con recursos de protección?

Nosotros no catastramos, porque eso tiene un peligro en el sentido de que uno podría resolver según la cantidad. El comentario que hago de que son pocos casos, tiene que ver con que la queja de que va colapsar el sistema y el país se va a ir a la ruina me parece exagerado. Pero lo que sí hacemos, sin hacer un catastro, es decir que vamos a poner barreras en el sentido de que no todo aquel al que no se le da un medicamento implica que lo va a obtener por esta vía, sino que aquel que efectivamente esté en las condiciones extremas.

¿Es solo en caso de riesgo de muerte de ese paciente?

Estas son enfermedades raras y caras, no son muchos los pacientes y en consecuencia no se visualizan en las políticas públicas. Y si bien se ha avanzado sobre este tema en la cobertura, por un lado por el GES y por otro lado por la Ley Ricarte Soto, el problema es que aún hay personas que no tienen cobertura alguna respecto de sus enfermedades porque son patologías que a veces son tratadas con solo un medicamento, entonces no hay alternativas que ofrecer. Y esas situaciones llegan a nuestra sala. El sistema no les cubre el medicamento que es carísimo, y esas personas, si no toman el medicamento, mueren. Muchos son niños pequeños. O sea, es una situación muy extrema. Estos fallos no pretenden hacer políticas públicas en salud, sino que pretenden solucionar una situación urgente y grave. Para obtener ese beneficio se debe pedir por la vía del recurso de protección y demostrar, no solamente que hace falta el medicamento, sino que no hay otra alternativa para el paciente y que, además, está arriesgando la vida. O sea, no es que nosotros vamos otorgando la generalidad de todos los medicamentos.