La exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD), se presentó en las dependencias de la Fiscalía Nacional el jueves 22 de febrero, para declarar como imputada en la arista por omisión de denuncia en el lío de platas entre la repartición en Antofagasta del Minvu y la fundación Democracia Viva, liderada por Daniel Andrade, en ese entonces, también militante de Revolución Democrática.
El testimonio de Rojas no estaba considerado inicialmente en el itinerario del interrogatorio llevado a cabo por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sin embargo, figuró como clave para que los fiscales indagaran en cómo los personeros de RD se enteraron de las irregularidades y a quiénes dieron las advertencias pertinentes, especialmente el rol que cumplió la exsubsecretaria, por su línea directa con el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Según información que obtuvo La Tercera, la militante de RD aseguró que recabó todos los antecedentes del millonario convenio y los entregó en un informe al ministro Montes, su declaración como imputada por omisión de denuncia coincide con la que realizó en octubre del año pasado en calidad de testigo, ahí afirmó que “dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”.
Aunque no siempre mantuvo ese relato, a pocos días desde que estalló el caso en el medio antofagastino Timeline, en medio de una actividad, la otrora subsecretaria confesó que no tuvo tiempo de alertar al ministro. Tras “tener todos los antecedentes recabados y ordenados y poder informarle al ministro, (eso) no alcanzó a ocurrir hasta que explotaron los hechos”, detalló en esa oportunidad.
Estas declaraciones le costaron la salida del Ministerio de Vivienda, y se convirtió en la primera autoridad en dejar el gobierno como consecuencia de las irregularidades del millonario fondo entregado a la fundación Democracia Viva. Y aunque en un principio había respaldado su gestión, el Presidente Gabriel Boric exigió su renuncia.
Las contradicciones en su testimonio no han sido suficientes para citarla al Tribunal Supremo de RD, a diferencia de lo que sucedió con Andrade y Carlos Contreras, quien autorizó el convenio cuando era seremi del Minvu en Antofagasta.
El presidente de la colectividad, Diego Vela, en entrevista con La Tercera, argumenta que en este caso y en el de Miguel Crispi, asesor del Segundo Piso: “Por los antecedentes que tenemos, ninguno de ellos está involucrado en la comisión de los delitos”.