Por medio de una declaración pública, la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), que preside el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contestó en duros términos la petición de liquidación forzosa que solicitó en su contra el proveedor Best Quality Products Spa, quien acusa facturas pagas por un monto total de $1.272 millones.
Todo comenzó cuando en abril de este año, Álvaro Castro Robles (50), ingeniero comercial y dueño de Best Quality Products SpA, presentó una querella por estafa en contra del presidente de la agrupación por una millonaria deuda. En aquella oportunidad, el ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), sostuvo que está en una delicada situación económica a raíz del no pago de la asociación.
La agrupación que reúne a municipalidades explicó que en 2020, a inicios de la pandemia, Best Quality accedió a una modalidad de negocios para la venta de mascarillas, termómetros y otros insumos contra el COVID-19.
“El trato inicial consistió en que el proveedor le entregó a Achifarp un total de cuatro containers de mascarillas que en total sumaron 4.290.000 unidades y que a la fecha se mantiene un total de 3.867.195 unidades en las bodegas de la Asociación que no han sido comercializadas”, sostuvo el comunicado.
Asimismo detalló que se acordó la compra de insumos por poco más de $1.300 millones y en donde, “a diferencia de lo que indica falazmente la empresa, se han enterado importantes sumas de dinero a modo de pago parcial del monto adeudado. A la fecha, se le han pagado cerca de $460 millones, cifra que supera con creces los insumos vendidos”.
“Nuestra Asociación, además de pagar mensualmente, le ha solicitado al proveedor que recepcione los insumos no vendidos, sin embargo, ellos se han negado sistemáticamente”, acotó.
“El hecho de que existan dineros pendientes de pago por parte de Achifarp (en ningún caso desconocidos por nuestra Asociación), fundados en los cambios de circunstancias económicas actuales, producidas a raíz de la pandemia, resulta ser exorbitantemente distante a la configuración de un delito de estafa y ahora a esta demanda de liquidación forzosa, como el que pretende imputar la empresa en contra de nuestra asociación”, añadió.
“Lamentamos que este proveedor incurra en una nueva acción judicial sin mayor sustento, pues anteriormente se buscó con ellos, sin buenos resultados, llegar a un plan de pago que buscaba saldar la deuda y de paso revisar otros elementos, pues ellos tienen además un problema con la duplicidad de facturas que no han logrado resolver”, añadió.
Asimismo, la agrupación aseguró que este “diferendo comercial en nada afecta el funcionamiento de las farmacias populares existentes, ya que ellas son autónomas y dependientes económicamente de cada uno de los municipios que las crearon”. “El proveedor ha decidido optar por una vía que no compartimos y en esos términos responderemos para salvaguardar el interés de la Asociación y de sus asociados”.
