El 12 de noviembre de 2014, en su primer año en la Cámara Alta, la senadora por Coquimbo Adriana Muñoz ingresó a trámite legislativo un proyecto de ley para consagrar un sistema de monitoreo telemático de agresores de víctimas de violencia intrafamiliar.

Este martes, tras su aprobación en último trámite en la Cámara de Diputados, el Congreso despachó la iniciativa que permitirá el uso tobilleras electrónicas en quienes sean formalizados por violencia intrafamiliar y tengan prohibición de acercarse a la víctima, así como lo autorizará en determinadas causas que lleven los Tribunales de Familia.

Lo anterior, luego que la Sala de la Cámara de Diputados respaldara por unanimidad el informe de la Comisión Mixta del mencionado proyecto, culminando así su tramitación.

En la sesión estuvo presente la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y su par de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. Ambos secretarios de Estado aceleraron el trámite de la iniciativa, luego de llegar a un acuerdo con la senadora Adriana Muñoz, para fusionar un proyecto del Ejecutivo en la materia, con una moción de la parlamentaria.

Ahora solo falta la promulgación del cuerpo legal para convertirse en ley, hecho que permitirá que las primeras tobilleras se estén instalando en febrero de 2022 en los Tribunales de Familia, y desde junio de 2022 en los Juzgados de Garantía.

En la legislación actual, el uso de tobilleras electrónicas se aplica solo en las personas que son condenadas por diversos delitos, pero no se pueden utilizar mientras sean imputados, impidiendo hacer efectiva la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima durante la fase investigativa.

El ministro Hernán Larraín destacó que “este un día histórico, donde hemos dado un paso fundamental en la protección de la integridad física y mental de las mujeres, ya que con las nuevas tobilleras electrónicas podremos hacer cumplir, al pie de la letra, la prohibición de acercarse a las víctimas que tienen los agresores intrafamiliares, para poner freno a hechos de violencia que muchas veces se convierten en lamentables femicidios”.

“En concreto, esta nueva ley permitirá que, cuando se produzca el acercamiento, se genere un aviso inmediato a la víctima en un dispositivo móvil, y simultáneamente, se produzca un aviso a la policía, para que puedan acudir rápidamente al lugar”, explicó el secretario de Estado.

Por su parte, la ministra Zalaquett, señaló que “después de siete años de tramitación, la tobillera electrónica para agresores de mujeres está a punto de ser una realidad”.

“Mediante la tecnología los agresores que son un peligro para las víctimas, podrán ser monitoreados en tiempo real, las 24 horas del día, lo que nos permitirá prevenir nuevas agresiones y al mismo tiempo entregarles mayor protección y seguridad a las mujeres que han sufrido violencia. Tenemos la convicción de que estamos dando un paso fundamental para avanzar en la erradicación de la violencia de género, y lo hemos hecho con el apoyo transversal de los parlamentarios y parlamentarias de este Congreso a quienes agradecemos profundamente”, expresó.

La iniciativa que debe promulgar el Ejecutivo crea un nuevo marco legal que autoriza la supervisión mediante monitoreo telemático, a través de medios tecnológicos. Esto se podrá aplicar frente a la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio. Lo anterior se implementará conforme a las normas de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de los Tribunales de Familia.

Por otra parte, se determina que la responsabilidad de la administración del monitoreo telemático será de cargo de Gendarmería de Chile. Para dicha labor, la institución podrá contratar servicios externos y las exigencias del caso serán reguladas vía reglamento.

En el debate en el Congreso se remarcó la necesidad de avanzar en este sistema, reconociendo que su aplicación podrá salvar vidas. En tal plano, las y los legisladores recordaron que muchos femicidios fueron cometidos en contra de mujeres que hicieron denuncias y que, incluso, contaban con medidas cautelares que resultaron ineficaces por la falta de control efectivo de los agresores.