El nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), se planta en contra de la construcción de una nueva cárcel en su comuna. Y lo hace luego de que el Ministerio de Vivienda diera luz verde a la modificación del plan regulador, que, a su vez, permite al Ministerio de Justicia llevar a cabo la idea.
Con eso como contexto, el edil expresó su rechazo categórico a la propuesta destinada a albergar a integrantes de bandas criminales y responsables de delitos violentos, y no descartó emprender acciones legales para frenar el proyecto. Todo esto a sólo días de una reunión que sostendrá con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), programada para este viernes.
“Es un tremendo error en lo técnico”, afirmó Desbordes, quien agregó que “no debería haber presos de máxima peligrosidad en el corazón de la ciudad, en ninguna parte del mundo. Todas las nuevas cárceles construidas en Chile se han hecho fuera de los radios urbanos, salvo Santiago I, lo que es un error”.
La oposición municipal a la cárcel no es nueva. La exalcaldesa Irací Hassler (PC) también lideró una ofensiva contra el proyecto durante su gestión, llegando a preparar un recurso de protección que no alcanzó a presentar antes de dejar el cargo. Ahora, bajo el liderazgo de Desbordes, la postura del municipio se mantiene firme. De hecho, ya en campaña la nueva autoridad comunal lo había señalado así.
“No descartamos iniciar acciones legales que nos permitan frenar este proyecto. Creo que hay alternativas en la Región Metropolitana mucho más viables”, enfatizó el edil. El jefe comunal señaló que “el lugar está, el terreno está, está en Tiltil, hay que solucionar el tema del agua, pero es solucionable. La única explicación para hacerlo en el terreno, en el sector de Pedro Montt, es porque el Fisco se ahorra la construcción, porque se la cargan a la concesionaria y el Fisco la paga en cuotas, extendiendo probablemente la concesión, a mí no me parece que esa sea la fórmula.”
El proyecto contempla la construcción de un edificio que albergará a 500 internos, preferentemente ligados al crimen organizado, con un diseño que incluye un muro perimetral adicional y un anillo de seguridad propio para separar completamente a los nuevos internos del resto del complejo. La infraestructura contará con tecnología de inhibición de señal, celdas individuales con servicios higiénicos antivandálicos y un sistema de acceso doble. Además, los internos no podrán tener contacto físico durante sus visitas.
El alcalde también adelantó que sostendrá un primer acercamiento formal con el ministro Gajardo este viernes. Según fuentes consultadas por La Tercera, el encuentro, programado para las 8 horas, busca delinear coordinaciones para mejorar la seguridad y mitigar los impactos que la posible construcción de la cárcel podría generar en el llamado “barrio penitenciario”, donde ya se encuentra Santiago I. Ahí Desbordes planteará sus reparos.
Y si bien la ofensiva que encabezaba la exalcaldesa Hassler meses atrás estaba acompañada del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (ind.), esta vez el edil no fue citado a la reunión que sostendrán Desbordes y Justicia. Sin embargo, consultado en PAC por las medidas que tomarán, dicen que siguen “estudiando” la presentación de acciones legales.
Desde el gobierno, en tanto, uno de los primeros en referirse a la eventual construcción tras la modificación del plan regulador fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien argumentó que responde a “una necesidad urgente de seguridad pública ante el crecimiento del crimen organizado”. Y señaló que el recinto penitenciario ya existe, que la ampliación es una medida para mitigar la crisis carcelaria: “Si hacemos las cosas bien, podemos enfrentar los riesgos que esto tiene”.
Según la resolución firmada por Montes, las obras de ampliación deben comenzar en un plazo no mayor a seis años desde la publicación en el Diario Oficial. De lo contrario, se perderá la autorización legal para la construcción, dejando en suspenso una solución que, según el gobierno, es “urgente y necesaria”.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia también anunció el ingreso de un proyecto de ley de fast track para acelerar la construcción de cárceles en diversas regiones del país. La iniciativa busca crear más de 9.000 nuevas plazas en ocho recintos penitenciarios, debido a que la capacidad carcelaria está sobrepasada en más de un 40%, con 59.002 internos en instalaciones diseñadas para 41.992 personas.
Durante el último concejo municipal santiaguino, al menos tres concejales consultaron a Desbordes sobre las medidas que la alcaldía adoptará para enfrentar este escenario. La principal inquietud es el posible aumento en la inseguridad del barrio, el tráfico de personas y los riesgos asociados a la presencia de un centro penitenciario de alta seguridad en plena ciudad.
