La tarde de este martes el Juzgado de Garantía de Antofagasta volvió a decretar prisión preventiva para el exseremi de Vivienda de esa ciudad, Carlos Contreras. Esta vez, en el marco de la indagatoria que sigue adelante el Ministerio Público respecto de traspasos de dineros a la Fundación TomArte, y por considerarse que su libertad constituye un peligro para seguridad de la sociedad.
De acuerdo a los detalles entregados por el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, bajo esta arista del denominado caso Líos de Platas el exmilitante de Revolución Democrática fue encausado por delitos reiterados de fraude al fisco.
En ese sentido, el persecutor explicó que los hechos que se le imputaron a la otrora autoridad son similares a los del caso Democracia Viva.
Como se expuso en la audiencia, en esta causa se analiza la suscripción de cuatro convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y fundación TomArte en 2022, para obras de habitabilidad primaria en campamentos de la ciudad, con cargo a recursos del Programa de Asentamientos Precarios.
Eso sí, de acuerdo con los detalles expuestos por el fiscal Cristián Aguilar, dichos contratos se firmaron con grave contravención a deberes y facultades, y sin que dicha fundación reuniera los requisitos mínimos para ser receptora de los fondos, todo lo cual habría provocado al fisco un perjuicio de 456 millones de pesos.
Según Aguilar, Contreras intervino de manera indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, instruyendo que se invitara a TomArte y consiguiendo que se le incorporara a la nómina de fundaciones que serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos el año 2022.
Tras la discusión de las medidas cautelares que debían pesar sobre Contreras, el tribunal fijó 75 días de plazo para continuar con la indagación.
“No tuve potestad para cometer fraude”
Previo a esta resolución, el exseremi había indicado a La Tercera que se encontraba tranquilo, por cuanto nunca tuvo la potestad -según él- para cometer ninguno de los delitos que se le han imputado.
“Se me responsabiliza otra vez de las prácticas adoptadas por Verónica Serrano durante su gestión como jefa nacional del programa Asentamientos Precarios”, sostuvo.
Y agregó: “Estoy tranquilo y espero que la investigación considere los antecedentes del manual de transferencias y establezca que no tuve potestad administrativa para cometer fraude”.
