El Presidente Gabriel Boric declara este viernes ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, por la fallida compra de la casa de la familia de Salvador Allende en Providencia.

La Tercera ya había adelantado que se coordinó con el Segundo Piso de La Moneda la colaboración del Jefe de Estado. Hay una querella en su contra por lo que la primera autoridad del país tiene calidad de imputado.

La diligencia estaba pactada a partir de las 09.00 horas y el fiscal Cooper, que permanecía en la capital, se trasladó desde dependencias de la Fiscalía Nacional en Santiago hasta la oficina del Presidente en la sede de gobierno.

En enero de este año, la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano, presentó una denuncia para que se investigue la fallida adquisición del inmueble.

La indagatoria apunta a establecer la existencia o no de delito en el proceso de compra, debido a que se iba a firmar un contrato con dos personas que por ley tenían prohibido celebrar acuerdos de este tipo con el Estado: la senadora Isabel Allende y su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández, ambas de las filas del Partido Socialista (PS).

En su calidad de Presidente, Boric además de estar eximido de ser citado a declarar -y por eso se le ”invitó”-, puede fijar el domicilio en el que se desarrolle la diligencia. La declaración estaba fijada originalmente para este jueves, sin embargo se postergó por 24 otras y quedó fijada para este viernes en La Moneda.

“No está obligado a responder porque tiene derecho a guardar silencio”, explicó el fiscal Cooper, en entrevista con radio Duna, hace unos días, sin embargo, tal como el propio Mandatario ha manifestado, colaborará y responderá las preguntas del persecutor.

A fines del año pasado el gobierno informó que la propiedad de la familia Allende en Guardia Vieja y la residencia del expresidente Patricio Aylwin serían adquiridas por el Estado para formar parte del patrimonio nacional, transformándose en casas-museo.

En su momento, tanto la exministra de Defensa Maya Fernández, nieta del desaparecido gobernante y una de las dueñas de la propiedad, e Isabel Allende, la senadora e hija del exmandatario, se acogieron a su derecho a guardar silencio al ser citadas a declarar como imputadas por el fiscal Cooper.

Fernández, sin embargo, finalmente sí respondió las preguntas del fiscal, el martes 4 de marzo en dependencias de la Fiscalía Nacional.