Casi 7 mil denuncias en lo que va del año: zoom a las causas abiertas en Chile por violación

Han pasado exactamente 44 días desde que el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve dejó su cargo tras ser denunciado por una funcionaria de la misma repartición que encabezaba, por el delito de violación, lo que lo mantiene en prisión preventiva en Capitán Yáber.

Pero esa acusación de violación no es la única que sacudió al país en las últimas semanas. También hubo denuncias de dos mujeres en contra del exfutbolista Jorge Valdivia, quien está bajo la misma medida cautelar de Monsalve -en la Cárcel de Rancagua- luego de que esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago revirtiera su arresto domiciliario nocturno.

Pero estos hechos son apenas una ínfima parte del total de denuncias que, en lo que va del año, ha recibido el Ministerio Público por el delito de violación. Las de Monsalve y Valdivia sólo se hicieron públicas por la connotación de los denunciados.

Según cifras a las que tuvo acceso La Tercera, desde 2017 y hasta septiembre de este año se han abierto 57.942 casos por ese delito. Sólo durante 2024 este tipo de casos asciende a 6.890, un fenómeno en aumento desde 2021, año en que se registraron 7.314, pasando a 8.911 causas en 2022 y 9.185 en 2023. El tema es que al conteo de este año aún le resta sumar las denuncias de los últimos tres meses de 2024.

Para algunos expertos consultados, el hecho de que haya un aumento de los casos no necesariamente es un aumento de delitos, sino que también un cambio en la disposición de las víctimas a denunciar, impulsado sobre todo por movimientos como el #MeToo surgido a fines de 2017, reformas legales -como Ley Antonia- que mejoran la protección de las personas que sufren violencia sexual, o la capacitación de quienes tramitan y persiguen estas causas.

Por lo mismo, desde 2015 la Corte Suprema inició un proceso para incorporar la perspectiva de género en los tribunales, con el objetivo de interpretar y aplicar el derecho de manera que respete el principio de igualdad y no discriminación.

“Evidentemente, se nota que los jueces cada día están más formados en torno a la perspectiva de género, y también la Fiscalía”, afirma la socia de la comisión penal de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Claudia Osorio.

“Lo que estamos viendo es que las víctimas ahora se sienten más respaldadas para acudir a la justicia. Hay más confianza en el sistema, y eso se refleja en el número de denuncias”, señala el director de la Unidad de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino.

Las estadísticas entregadas por el ente persecutor revelan que desde la fecha citada de septiembre el 87,7% de los casos -en los que está determinado el sexo de las víctimas- corresponde a denuncias de mujeres, con 48.513 casos, y 6.757 a hombres, lo que equivale a 12,2%. En cuanto a la edad de las víctimas, la mayoría -20.632- corresponde a personas entre 18 y 59 años, seguido de niños y niñas menores de 13 años (20.470), 12.925 entre 14 y 17 años y 643 mayores de 60.

El delito de violación está estipulado en el artículo 361 del Código Penal, el que establece que “comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años” en caso de fuerza o intimidación; cuando la víctima se encuentra privada de sentido o se aprovecha de su incapacidad de oponer resistencia; o cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima.

Basado en esa normativa, el Ministerio Público debe probar ante un tribunal la ocurrencia de un delito, lo que, según expertos, muchas veces se traduce en complejas investigaciones.

El anterior es un escenario común entre quienes investigan estos hechos, principalmente por lo complejo de la obtención de pruebas en causas de violación sexual. “Si no existen pruebas, lamentablemente, no se va a poder comprobar. Ese es uno de los grandes problemas que tienen este tipo de delitos. Como en general se producen en espacios de intimidad, no hay muchos testigos o no hay pruebas directas de que eso existió”, comenta la abogada Osorio.

Sovino, por su parte, reafirma que “la violencia sexual es un delito difícil de probar, sobre todo cuando no hay testigos ni pruebas claras. Esto lleva a que muchos casos no lleguen a juicio o terminen siendo archivados”.

Alejandra Castillo Ara, directora del Departamento de Derecho Penal de la U. Diego Portales, sostiene que salvo que haya un delito en flagrancia, “al final la única constatación que te queda en ese caso es la afectación de la víctima, los testimonios de esta y el testimonio de la persona imputada por el delito. Entonces, suele ser muy difícil de probar”.

En los casos en los que la denuncia se produce tiempo después de ocurrido, el director de la Unidad de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional explica que aunque con el tiempo “la víctima va recordando, eso también genera que tengamos menos prueba inicial. En esos casos no vamos a tener, por ejemplo, alcoholemia, toxicológico, lesiones, y vamos a tener que construir la historia de las formas que podamos realmente”.

Ante ese escenario, Osorio plantea que se han estado desarrollando y reflexionando nuevas formas para abordar la investigación y probar de que sí hubo un delito: si en el escenario normal la investigación se basa en “pruebas directas” como videos que puedan evidenciar la presencia de un delito, hoy el sistema penal aboga por consultar “pruebas indirectas” con elementos distintos.

Por ejemplo, el hecho de que una víctima haya denunciado que vivió una agresión sexual a otras personas y que puedan existir testigos que comprueben que desde la fecha de los hechos la víctima cambió de forma absoluta su comportamiento o inició un cuadro depresivo. “Estos son pequeños elementos que van permitiendo un juez a establecer que efectivamente el delito ocurrió”, explica Osorio. A esto se suman entrevistas con testigos que den cuenta de un contexto previo o a quienes vieron a la víctima después del hecho. Todo, para conocer el estado de la persona.

Estos factores, por ejemplo, han sido claves en la investigación contra el ex subsecretario Monsalve, donde conversaciones con funcionarios del Hotel Panamericano en Santiago -donde habrían ocurrido los hechos-, el taxista que los movilizó e incluso las cámaras de seguridad de espacios públicos han logrado establecer una ruta de los hechos y reconstruir la historia.

Las investigaciones por el delito de violación también presentan variaciones en el caso de los menores de edad, donde “no necesitamos probar que el imputado se aprovechó de la incapacidad para oponerse o se aprovechó de la fuerza. Sencillamente de forma automática va a ser delito. En cambio, de los 14 años para arriba, sí requerimos probar eso”, menciona el director de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía. En estos casos, la regulación también establece entrevistas videograbadas para evitar la revictimización.

Más allá de las complejidades de las investigaciones, los expertos consultados también apuntan a problemas estructurales del sistema de persecución y judicial. Erika Maira, exgerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, señala que ante este delito existe una “falta de especialización, de dotación, sesgos y prejuicios que inciden en la desestimación de casos de manera muy importante”. También suma la victimización secundaria (maltrato a las víctimas) que, dicen, incide en retractación y produce impunidad.

Maira afirma que en el país el soporte pericial y de los órganos auxiliares, como el Servicio Médico Legal y los laboratorios de las policías, “en general están muy colapsados y los tiempos de tramitación de estos informes son de larga data. Más aún cuando son necesarios los informes psicológicos”.

La exgerenta de la División de Víctimas suma los extendidos tiempos en la tramitación de estas causas, “lo que genera también daño en las personas que están involucradas en estos procesos por la incertidumbre, por el estar vinculados por mucho tiempo a una investigación criminal, lo que desde el punto de vista psicológico sin duda no es sano, no ayuda. Hay un llamado a que se fortalezcan los hechos con mayor celeridad”.

Los factores anteriores también incidirían -en parte, sostienen las fuentes consultadas- a que de las causas abiertas por violación entre 2022 y 2024, sólo el 10% de los casos resultaron en una condena, versus 67% que fueron archivadas, seguidas del 8% en las que se decidió no perseverar, 3% donde se declaró una incompetencia, en 3% se dictó un sobreseimiento definitivo y en el 2% de los casos se absolvió al imputado.

Castillo Ara afirma que el alto porcentaje de causas archivadas se debe a la “falta de antecedentes”. En esa línea, explica que “no le echaría la culpa a un tema de desidia necesariamente investigativa, sino que directamente a un problema de falta de recursos (...) Ahí hay un problema también de los derechos de las víctimas en términos de acceso a la justicia, de saber, bueno, cuáles son mis herramientas y de que el Estado se las provea”. En esa línea, plantea que se deben fortalecer los recursos apuntando a mejorar la representación de las víctimas.

La abogada y exfuncionaria de la Fiscalía Nacional destaca la necesidad de que estos delitos “requieren conocimientos especiales por parte de los operadores de justicia para no caer en equívocos y poder realmente tener las competencias para resolver estos casos, para entender qué es lo que ocurrió, que es lo que se está informando y qué pedir en una causa de este tipo”.

En esa línea, la socia de Abofem recalca que pese a que el sistema judicial chileno ha tenido avances en la perspectiva de género para el tratamiento judicial e investigativo de este tipo de delitos, “la deuda es tan grande respecto al tratamiento que se le da a la víctima que no es suficiente”.

Y complementa: “Se requieren más formaciones, más recursos -para el tratamiento con perspectiva de género- y se requiere también más voluntad, porque muchas veces ese tratamiento, aunque a veces existan oficios de parte de las instituciones, se relaciona con la voluntad personal de cada funcionario y operador jurídico”.

Maurizio Sovino, por su parte, destaca que la educación sobre el consentimiento sexual y la violencia de género debe comenzar desde edades tempranas. “No podemos seguir esperando a que casos de alto perfil generen conversaciones sobre estos temas. La educación sobre el consentimiento debe ser parte del currículo escolar y universitario”, señala.

Mientras, la abogada de Abofem concluye con la importancia de concretar la denuncia a pesar de todas las dificultades, puesto que permite que otras personas que pasaron la misma situación con el mismo imputado puedan decir “no estoy sola, también me pasó. La declaración de una persona tiene fuerza, sí, pero que exista otra persona acusando los mismos hechos, evidentemente va a dar más fuerza aún a las acusaciones. Fue lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Antonia Barra”. También ocurrió recientemente con Jorge Valdivia.