Los días martes y miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización por el caso de la estudiante universitaria Antonia Barra, la joven de 20 años que se suicidó el 13 de octubre, luego de contarles a sus amigos que Martín Pradenas (28) la había violado en una cabaña en Pucón, en el marco de la celebración de Fiestas Patrias.
En la audiencia, la Fiscalía de La Araucanía formalizó a Pradenas por el presunto ataque sexual a Barra y a otras cuatro jóvenes, quienes lo denunciaron luego de conocer la muerte de la universitaria. Si bien el Ministerio Público pidió prisión preventiva para el imputado, esta pretensión fue rechazada el miércoles por el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez.
El término de la audiencia trajo consigo que los ánimos en torno a esta causa se encendieran aún más. A tal punto, que la fiscalía debió decretar cuatro medidas de protección a raíz de diversos hostigamientos y amenazas.
La decisión del juez de rechazar la prisión preventiva de Pradenas generó una ola de reacciones en redes sociales, mayoritariamente de recriminación por la decisión adoptada por el magistrado. Con el correr de las horas aparecieron algunas amenazas contra Gutiérrez, incluso, una cuenta de redes sociales publicó su dirección particular.
Por lo mismo, el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, dispuso la apertura de una investigación de oficio por amenazas al juez Gutiérrez. Esta decisión se basa principalmente por las amenazas más graves contra el magistrado, pero principalmente por la difusión de sus antecedentes personales.
Además, el Ministerio Público ofició a las policías de la zona para brindar protección al juez, dado que como su dirección ya está prácticamente en todas las plataformas de redes sociales, podría ser objeto de hostigamientos más graves.
Esto incluso llevó a que la vocera de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, abordara la situación:
El Poder Judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular, condena, reprocha y rechaza categóricamente cualquier acto de hostigamiento en contra de los miembros de la judicatura motivados por las decisiones que adopten, en el caso concreto, en una audiencia en que se solicitaba que respecto de un imputado se decretara la medida cautelar de prisión preventiva.
Gloria Ana Chevesich, vocera de la Corte Suprema
Chevesich añadió que “la única vía que consagra la legislación nacional para impugnar una decisión adoptada por un tribunal de justicia es la interposición de los recursos procesales; vías diferentes comprometen el estado de derecho que rige en el país”.
Otros casos
La fiscalía no solo dispuso medidas de protección para Gutiérrez, sino que también para la familia del imputado, Martín Pradenas, ya que su padre recibió amenazas a través de mensajes de WhatsApp.
En paralelo, dos testigos del caso, cuyas declaraciones fueron insumos para realizar la formalización de cargos, acudieron a la PDI para dar cuenta de que estaban siendo amedrentados a través de llamados telefónicos, por lo que también se dispuso de medidas de resguardo para ellos.
En lo inmediato, la fiscalía ya está rastreando algunas cuentas de redes sociales que emitieron los mensajes más amenazantes, especialmente las plataformas desde donde se filtró la dirección de la casa del juez.
“Es importante señalar que los testigos concurrieron a la PDI y solicitaron las medidas de protección, lo que nos parece un hecho grave, por lo mismo se activaron los protocolos y resguardo para las personas”, dijo la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Daniela San Martín.
Apelación
Ayer, además, el Ministerio Público oficializó la apelación por la decisión del juez Federico Gutiérrez, en que criticó los argumentos del tribunal para no otorgar la prisión preventiva de Pradenas (resolvió arresto domiciliario total) y decretar la prescripción de dos de los cinco casos imputados.
Entre sus argumentos, el fiscal Miguel Ángel Rojas señaló que el juez para descartar el presunto abuso sexual a Barra indicó que en el video que registró la escena solo aparecían dos personas interactuando, “omitiendo en este punto pronunciamiento respecto de la pericia médico legal efectuada por el Servicio Médico Legal de nuestra ciudad, y por tanto fundamentando de manera errada su decisión”.
En cuanto al supuesto abuso sexual a una menor de 13 años entre diciembre de 2012 y enero de 2013, Rojas señaló en su apelación que Gutiérrez dijo en su fallo que había imprecisiones en el testimonio, pero “no señala cuáles serían esas imprecisiones ni por qué considera vagas las declaraciones”.
