Ante el Cuarto Juzgado de Garantía, la defensa del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, solicitó una audiencia de cautela de garantía.
El requerimiento de la defensa del penalista imputado por los delitos de cohecho y lavado de activos, encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, ingresó el recurso luego de que se conociera que la Fiscalía Metropolitana Oriente enviara las conversaciones del otrora reputado profesional con funcionarios públicos al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
A raíz de esa información, dada a conocer por Ciper, los abogados de Hermosilla solicitaron al tribunal que fije una audiencia de cautela de garantía. Según el escrito, esta tiene por objetivo el “verificar las condiciones en que el Ministerio Público y este tribunal están cautelando las garantías fundamentales de mi representado”.
En detalle, especifica que se relaciona con aquellos que derechos sobre su “intimidad y la privacidad de conversaciones contenidas en su teléfono celular que guarda relación con su ejercicio profesional”.
Seguido de aquello, el escrito presentado recientemente, afirma que “desde esta parte advertimos una vulneración sistemática a estos derechos fundamentales que a mi representado atañen, en particular, nos alerta la nueva noticia filtrada a la prensa respecto a la facilitación de las conversaciones de don Luis Hermosilla Osorio al Consejo de Defensa del Estado”.
Tras el requerimiento, el tribunal fijó para el próximo 6 de enero del 2025 la audiencia que se realizará en el edificio B del Centro de Justicia.
Los chats de Fiscalía al CDE
La entrega de mensajes de parte de la Fiscalía al CDE, según reveló el medio de investigación periodística, fue solicitado por este último organismo para evaluar la posible ocurrencia de delitos en los hechos del denominado caso Audio.
En concreto, se trataría de las conversaciones con 100 contactos, quienes corresponderían a una serie de funcionarios públicos, quienes habrían mantenido contacto con quien fuera uno de los penalistas más reputados de la plaza.
El traspaso de la información al CDE, sería fundamental para posibles acciones legales que podría tomar el organismo público ante la ocurrencia de presuntos delitos por parte de funcionarios públicos en contactos con el abogado Hermosilla que podrían constituir ilícitos.
La entrega de información de parte de la Fiscalía encabezada por Lorena Parra también contemplaría el envío del directorio telefónico registrado en el teléfono incautado a Hermosilla, con el de que el CDE determine de qué contactos podría requerir chats ya que se envió las conversaciones que se encontraron en la búsqueda de empleados públicos, de los que podría haber sido saltado alguno.
El CDE, mantenía hasta ahora las conversaciones entre el penalista y el exfiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien es investigado por presuntos delitos de revelación de secreto y cohecho al informar sobre causas judiciales, como el caso Penta, al ahora imputado abogado.
La otra causa de Hermosilla
Sólo dos días después de que el Cuarto Juzgado de Garantía revise la presunta vulneración de derechos en contra de Hermosilla, en la audiencia de cautela de garantías, en el mismo tribunal está fijada una nueva audiencia de formalización en contra del penalista.
Lo anterior, luego de que el tribunal fijara, tras la solicitud por parte de la Fiscalía, de una audiencia de formalización, esta vez en la denominada arista Parque Capital. Esta causa derivada del caso Audio, es bajo el delito de tráfico de influencia, toda vez que el abogado ahora recluido en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, habría realizado gestiones en favor del proyecto del Grupo Patio que construyó un reducto industrial en la comuna de Lampa.
Las gestiones de Hermosilla, por el proyecto del que eran propietarios en aquel entonces los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, habría ocurrido entre el 2020 y el 2021, con el fin de que la administración del expresidente Sebastián Piñera pudiera apresurar la entrega de los permisos necesarios por parte de las reparticiones del Ministerio de Vivienda respecto a la iniciativa de los Jalaff.
En esa arista, también han declarado como imputado el exministro de Vivienda, Felipe Ward, misma calidad en la que compareció -en dos ocasiones- el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Lo anterior con el fin de conocer el presunto rol que podrían haber tenido en dichas gestiones los exfuncionarios de gobierno.
Pese a eso, la nueva formalización solicitada por la Fiscalía es únicamente en contra del abogado Luis Hermosilla.
