Tras la primera audiencia de revisión de cautelares que solicitó la defensa, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Luis Hermosilla, uno de los protagonistas en el presunto entramado de corrupción que develó el caso Audio. Así, el abogado que se encuentra recluido hace cuatro meses, deberá continuar sus días en el Anexo Capitán Yáber.

Previo a ingresar a la audiencia, Juan Pablo Hermosilla, hermano y representante del imputado, acusó al Ministerio Público de anomalías y remarcó que la investigación está “teñida de distorsiones que afectan gravemente el resultado”.

El equipo defensor solicitó la modificación de la cautelar argumentando que existen nuevos antecedentes a considerar, sin embargo, la jueza Cecilia Villanueva desestimó que su exposición aportara nuevos datos y determinó que libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad.

El abogado de Hermosilla expuso por cerca de una hora ante el tribunal, en donde reiteró que la “causa está contaminada, el Ministerio Público ha pedido el rumbo”.

Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Oriente aportó ocho declaraciones, y cuestionó duramente a la defensa por no referirse a nuevas indagatorias. Uno de los puntos en que se centró la exposición fue en definir si las presuntas irregularidades fueron cometidas como funcionario público, por su cargo como asesor en el Ministerio del Interior, ya que la defensa reiteró que de ser así, la fiscal Lorena Parra –que encabeza las pesquisas– debía inhabilitarse por sus contactos previos con Hermosilla. Mientras que los persecutores descartaron la incompatibilidad de Parra, y refirmaron su responsabilidad como funcionario.

“No basta con decir que no es funcionario público, la persona está realizando una labor de funcionario público, está haciendo asesorías, casos particulares, e incluso hace asesorías para los distintos ministros del interior del periodo, en temas altamente relevantes, sensibles, y que tienen que ver incluso con políticas generales de la instituciones. Eso es actividad de funcionario público, desde el punto de vista que se le mire”, insistió el fiscal Miguel Orellana.

Esta resolución desfavorable ya la había enfrentado Leonarda Villalobos, quien días antes también solicitó un cambio de cautelar que fue rechazada por el mismo tribunal, que en esa oportunidad estableció que los nuevos antecedentes presentados por la defensa de la abogada no variaban las circunstancias de los hechos.

Uno de los momento que marcó la audiencia ocurrió al inicio, cuando la magistrada cuestionó a Gendarmería por no trasladar al imputado hasta el Centro de Justicia, quien debió comparecer ante el tribunal de forma telemática. Ante estos cuestionamientos, Hermosilla solicitó la palabra para reclamar que estaba “levantado desde las seis de la mañana”.

Así, la jueza informó que enviará un oficio a Gendarmía: “A raíz de que tenemos varios imputados capitalitarios, me he dado cuenta que en algunos momentos los trasladan, en otros momentos no los trasladan, y lo cierto es que a mí, no me parece esta diferenciación que se está haciendo y necesito saber el por qué o a por qué atribución capitalitaria está haciendo esto de definir uno sí, otro no”.