Caso Audio: Luis Hermosilla sale de prisión, tras casi siete meses, y Fiscalía anuncia que apelará para que vuelva a la cárcel

Eran las 14.55 horas de este jueves, cuando desde las puertas del edificio B del Centro de Justicia salió el abogado Luis Hermosilla, quien caminó en absoluto silencio y a ritmo pausado por la explanada de los tribunales en dirección hacia la Avenida Pedro Montt, donde lo esperaba un automóvil gris.

Ese mismo camino, el otrora reputado abogado penalista lo recorrió -en dirección contraria- aquel 27 de agosto del 2024, día en que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva tras ser formalizado por delitos cohecho, lavado de dinero, entre otros, en el denominado caso Factor y audio.

205 días después de aquella jornada, la jueza Andrea Díaz-Muñoz revirtió esa medida cautelar, accedió a lo solicitado por la defensa y la reemplazó por arresto domiciliario total. La magistrada, fue la misma que autorizó hace más de un año, a que la Fiscalía allanara las oficinas del abogado, pero un día después de que se solicitara debido a que requirió mayor información.

El silencio de Hermosilla sólo se vio interrumpido poco antes de que subiera al auto gris que lo trasladaría a su casa, junto a su familia. “Solo voy a decir lo siguiente”, comenzó diciendo el abogado quien se veía visiblemente satisfecho, aunque cauto, de probar la libertad tras permanecer casi siete meses recluido en el Anexo Cárcel Capitán Yáber.

”Lo que tenemos que hacer es esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones porque indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar y si ejercen ese recurso, lo que tenemos que esperar es lo que decida la Corte de Apelaciones. Eso es lo único que yo voy a decir”, señaló el abogado.

Ante la expectación de la prensa, la atención de los transeúntes y los gritos de un taxista que pasaba por el lugar, y que reconoció al penalista, Hermosilla cerró la puerta del automóvil gris y dejó el centro de Santiago en dirección hacia su vivienda en Vitacura, lugar que eligió para cumplir su arresto domiciliario.

La audiencia de este martes fue solicitada por la defensa de Hermosilla, encabezada por su hermano Juan Pablo Hermosilla, quien la pidió debido -según dijo- nuevos antecedentes para pedir el cambio en la medida cautelar del imputado.

La comparecencia de la defensa comenzó con la exposición de Julián Parada, abogado del equipo jurídico del estudio de Juan Pablo Hermosilla, quien por primera vez tomó la palabra en una audiencia para presentar los antecedentes que a juicio de la defensa fundamentaban un cambio en la medida cautelar, así como también que se declarara la ilicitud de la prueba fundamental del caso: el audio de la polémica reunión que dio origen a todos los males que aquejan hoy al penalista y a quienes tenían chats con él.

Parada también citó unos informes psicosociales y psiquiátricos de Hermosilla, los que fueron claves en la fundamentación de la magistrada posteriormente. Pese a que el contenido de estos no se conoció por la reserva de esa parte de la audiencia, fuentes de La Tercera señalan que el escrito entregaba detalles de la amplia red familiar del imputado y el arraigo social que tiene.

Mientras que, en términos psicológicos, describía el estrés y problemas de salud mental que vivía en la cárcel, así como también que el abogado era apto para cumplir sus medidas cautelares en libertad.

Más adelante, Parada también apuntó a que el penalista ya no representa un peligro para la investigación debido a sus influencias.

“Nadie puede decir que los contactos de Luis Hermosilla hoy son idénticos a los contactos de antes. Su señoría, la cantidad de información que hay de Luis Hermosilla y estar en los chats de Luis Hermosilla es básicamente como tener lepra”, afirmó.

A las 14 horas, y después de varios recesos, y que -por supuesto- la Fiscalía Oriente se opusiera, fue el turno de la magistrada.

Si bien Díaz-Muñoz rechazó declarar ilegal la prueba, es decir el audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos en que supuestamente confiesan delitos, adelantó que “sí han cambiado las circunstancias” que llevaron a decretar la prisión preventiva de Hermosilla en agosto del año pasado.

En esa línea, la magistrada explicó que “en primer término, los dos informes periciales acompañados, uno psicológico que concluye que el imputado reúne los requisitos para cumplir en libertad (...) Además, el peritaje social que da cuenta que es un adulto mayor que tiene redes de apoyo en medio libre, arraigo familiar y social, con un domicilio conocido y estable”.

Junto con eso, la jueza también afirmó en su argumentación: “El tiempo que ha estado sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva ha sido prolongado más allá de lo razonable”.

La magistrada también apuntó a “que no existe ningún antecedente que permita estimar que el imputado no se presentará a las actuaciones del procedimiento o ejecución electoral de una sentencia (...) ha tenido una defensa bastante activa, tiene irreprochable conducta anterior, ha colaborado con la investigación en el sentido que ha declarado en más de una oportunidad en sede de la fiscalía”.

Concluyendo su resolución, Díaz-Muñoz afirmó que la prisión preventiva “no puede ser considerada como una pena anticipada y tampoco existen delitos que sean in-excarcelables”.

Por lo mismo consideró que “no existen argumentos suficientes para estimar que estas medidas menos intensas no sean idóneas para asegurar la necesidad de cautela que pretende ver satisfecho el Ministerio Público y los querellantes”.

Poco antes que su hermano recuperara su libertad, Juan Pablo Hermosilla también tomó la palabra durante la audiencia. Si bien argumentó que algunos delitos como el cohecho o el lavado de activos no se configuraban en la causa contra Luis, gran parte de su comparecencia estuvo centrada en cuestionar al Ministerio Público.

El defensor apuntó al fiscal nacional Ángel Valencia, repitió sus críticas a la fiscal Oriente Lorena Parra por no inhabilitarse pese a tener chats con su hermano y también acusó que con todas las filtraciones “se ha descubierto un patrón” de la Fiscalía para revelar “cientos de antecedentes que favorecen a la posición del Ministerio Público y dañan la imagen de Luis Hermosilla”.

Además de eso, afirmó que “se acaba de remover a la presidenta de la Cámara de Diputados por esta dinámica. Hay un candidato presidencial que era obvio del Partido Comunista que quedó afuera por esta misma dinámica. Magistrado, tres cuartos de esto no va a llegar nunca a juicio”, señaló en alusión a los casos judiciales que afectan a la diputada Karol Cariola y al tambien comunista Daniel Jadue.

Si bien la postura de la Fiscalía Metropolitana Oriente fue contraargumentar cada uno de los fundamentos presentados por la defensa de Hermosilla, principalmente en términos jurídicos sobre la pertinencia de las imputaciones que se le han hecho, estos no fueron acogidos por el tribunal.

Tras el término de la audiencia, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda explicó que los argumentos del Ministerio Público no han variado: “consideramos que la libertad del señor Luis Hermosilla es peligrosa para la seguridad de la sociedad”. Por lo mismo, informó el persecutor, “vamos a pedirle al tribunal de alzada que se pronuncie en particular si es que estos requisitos concurren o no”.

Respecto a los argumentos que presentarán ante el tribunal de alzada, Sepúlveda afirmó que la investigación corre riesgo con la libertad del imputado, “considerando la influencia que tenía Luis Hermosilla, los contactos que tuvo en distintos poderes del Estado, por ejemplo. Es un antecedente que se va a verter obviamente en la audiencia y que el tribunal va a tener que determinarlo y ponderarlo”.

La apelación en contra del penalista, que debe ser ingresada máximo en cinco días, provocará -al igual que cuando se dictó prisión preventiva- que en la Corte de Apelaciones de Santiago más de un ministro se deba inhabilitar por sus chats previo con el ahora imputado abogado.

Pese a eso, el tribunal de alzada deberá resolver si quien fuera uno de los penalistas más influyentes en el sistema judicial debe volver o no a la cárcel en este estadio procesal.