En el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua se inició la mañana de este lunes un juicio en contra de Jorge Alberto Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, y en contra de Natalia Carolina Compagnon Soto, la todavía esposa del exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia, en el marco del llamado caso Caval.

Al partir la audiencia, se informó que el abogado Carlos Fierro, representante de Dávalos, asumiría también la representación de Compagnon. Cuando le consultaron por su estado civil, ella aclaró que está “casada, en proceso de divorcio”. La pareja está separada de hecho y vive una dura batalla legal por el uso de la propiedad en la comuna de La Reina en que reside Compagnon y sus hijos.

El juicio, que se había postergado en octubre del año pasado, corresponde a una arista que se remonta a los años 2012 y 2013, cuando la cientista política fue acusada de la supuesta venta de asesorías e informes falsos. El empresario Gonzalo Vial Concha - dueño de Inversiones Graneles- presentó entonces una querella en contra de Caval.

El caso “madre” se inició luego de una serie de denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de venta y compra de terrenos que realizó la empresa del matrimonio Dávalos-Compagnon en Machalí, Región de O’Higgins. En julio de 2018 Natalia Compagnon fue condenada por delitos tributarios y su socio Mauricio Valero fue absuelto ante una imputación de soborno. Entonces el Ministerio Público, logró salidas alternativas para los otros 11 formalizados, por lo que solo Compagnon y Valero llegaron a esta instancia.

En octubre de 2022 se rechazó el sobreseimiento de los imputados, pese a que el empresario Gonzalo Vial Concha retiró su querella tras alcanzar un acuerdo los socios de Caval.

Al iniciarse la audiencia de este lunes, la Fiscalía de O’Higgins recordó que la anterior defensa de Compagnon presentó un recurso de amparo acusando una supuesta vulneración de garantía constitucionales de la nuera de la expresidenta. El Ministerio Público explicó, que si bien la defensa de Compagnon fue asumida formalmente ahora por Carlos Fierro, debía postergarse el inicio del juicio a fin de conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua sobre ese recurso en trámite.

Por otro lado, el Ministerio Público no formuló acusación en contra de Valero, sin embargo, la acusación en contra del fundador de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada fue sustentada por el Consejo de Defensa del Estado. Valero, al igual que Dávalos y Compagnon estuvo conectado en forma telemática. Según la fiscalía, el consultor no podía estar presente en la sala mientras no preste testimonio en calidad de testigo, planteamiento que fue desatendido por el tribunal.

Al desestimarse las incidencias expuestas, se les informó a los imputados la acusación.

La presunta estafa

La empresa Caval ofreció asesorías en gestión de proyectos al empresario Gonzalo Vial Concha -hijo del fundador de Agrosuper, el mayor productor de proteína del país. El 1 de febrero de 2012, Caval Ltda. e Inversiones Graneles del Sur firman un primer acuerdo de representación por un monto de $162 millones, relacionados al desarrollo minero y portuario.

Caval realizó un total de ocho informes relacionados con temas mineros sobre materias técnicas no incluidas en el acuerdo que fueron facturados a Inversiones Graneles Ltda por un total de $1.000.000.000. En paralelo -según la querella que Vial Concha retiró-, Caval ofreció sus asesorías también en temas de seguridad y detección de fraudes. Así se le entregó información de maquinaciones de ejecutivos que supuestamente buscaban defraudar sus empresas. Sin embargo, según Vial Concha, dicha información era falsa, inventada, de manera que le hacían pensar que los ejecutivos de su empresa lo estaban defraudando. En definitiva, el empresario sostuvo que por medio de un ardid se obtuvo información de los servidores de Inversiones Grandes Ltda. que posteriormente fue alterada para señalar que sus trabajadores estaban defraudando a la empresa y así pagar altas sumas de dinero por informes y asesorías confeccionadas por Caval.

“Acepté pagar sumas de dinero considerables por los informes y estudios que Caval vendía a Inversiones Graneles. Por último, estos pagos fueron realizados como consecuencia del error a que me movieron las informaciones falsas que me entregaba Caval y constituyen la causa directa del perjuicio económico sufrido por Inversiones Graneles”, sostuvo Gonzalo Vial Concha.

El Ministerio Público expuso que los imputados Dávalos y Compagnon concretaron una “simulación” y una “puesta en escena” para engañar al empresario.

En la apertura del juicio de este lunes, el fiscal de Análisis Criminal de O’Higgins, Francisco Caballero, detalló la acusación sobre plagio, planteando que presentaron al cliente ocho informes elaborados a partir de documentos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y el sitio del Congreso Nacional. “Utilizaron obras de dominio ajeno y las pasaron por propias”, explicó el persecutor para justificar la acusación por delitos en contra de la normativa sobre propiedad intelectual.

Caballero reconoció que “dificulta el juicio” la decisión de la víctima de retirar su querella. En ese sentido, el persecutor destacó que “el perjuicio existió” y eso fue lo que motivó al Ministerio Público a oponerse al sobreseimiento, por ese “menoscabo patrimonial” a “uno de los empresarios más grandes del país”.

“Vamos a aportar prueba testimonial que en nuestra opinión, sumada a prueba documental y a prueba pericial, va a permitir acreditar que efectivamente se estableció un engaño que se desarrolló y que se mantuvo por diversos meses por parte de los agentes del delito. Este engaño llevó a la víctima a incurrir en un error y este error lo llevó a efectuar disposiciones patrimoniales por más de 1.300 millones de pesos”, señaló el fiscal.

Defensa: Ministerio Público “construyó artificialmente” la causa

El abogado Carlos Fierro desestimó la imputación de plagio, indicando que la empresa Caval no se atribuyó autoría de información cuya fuente acreditó.

A su juicio, además, “el Ministerio Público construyó artificialmente, de manera forzada, una causa por el delito de estafa”. El profesional recordó que tras conocerse el caso públicamente a partir de un reportaje de revista Qué Pasa, al iniciarse la investigación “el señor Gonzalo Vial Concha era imputado, calidad que varió solo cuando dedujo una querella en contra de las personas que formaban parte de esta empresa”.

“Esta empresa realizó negocios reales”, enfatizó el jurista, afirmando que el propio cliente se mostró “satisfecho” por los servicios prestados por Caval.

“No puede entenderse que hubo engaños cuando efectivamente se hicieron trabajos importantes para el señor Gonzalo Vial Concha”, planteó el abogado, sosteniendo, además, que con el desistimiento de la querella la presunta víctima “expresamente entiende no haber sido engañada”

“Ninguno de mis representados engañó, estafó, ni perjudicó patrimonialmente a nadie. Realizó negocios, negocios legítimos, cobros legítimos y recibió pagos lícitos”, dijo.

“Al final de este juicio llamaré a la absolución y, por supuesto, a la condena expresa en costas al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado quienes han mantenido a mis representados absolutamente prisioneros de un proceso judicial que lleva más de ocho años, al escarnio público por acusaciones infundadas y por lo tanto espero que la verdad prevalezca”, expresó.

Tras los alegatos de apertura de las partes, el juicio continuará este martes a las 9.00 horas. Los defensores indicaron que sus representados estarán dispuestos a declarar “en el transcurso del proceso”.