El 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el miércoles 8 de noviembre de 2023, a las 9.00 horas, la audiencia de preparación de juicio oral del caso Luminarias LED, tras proveer la acusación que la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, presentó en contra de nueve empresas del grupo Itelecom y de 19 imputados, entre ellos dos exalcaldes.

Además de los delitos de soborno y cohecho, la fiscal Mansilla imputó a los acusados los de violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y responsabilidad penal de la persona jurídica.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Ministerio Público este martes, la investigación acreditó que la plana ejecutiva de Itelecom ofreció incentivos monetarios, en forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, para que los favorecieran en licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en una decena de comunas del país.

El 18 de mayo de 2022, el Ministerio Público ya había presentado acusación, tras dos años de investigación, sin embargo, las defensas de algunos de los acusados solicitaron ese mismo mes la reapertura y la realización de diligencias investigativas. Una vez ejecutadas éstas, la fiscalía decidió cerrar la investigación el pasado 26 de septiembre.

Las penas que busca la fiscalía

En la acusación la fiscalía pide penas de cárcel efectiva que suman 28 años para León Marcelo Lefort Hernández, principal accionista y gerente general de las empresas del grupo Itelecom, por los delitos de soborno, lavado de activos, delitos tributarios y asociación ilícita.

La indagatoria plantea que al iniciarse en 2016 el programa de recambio de alumbrado público para municipios del Ministerio de Energía, que apuntaba al ahorro de electricidad en las comunas más vulnerables, Lefort y su equipo, en forma concertada decidieron, como política de la empresa, ofrecer sobornos a funcionarios para asegurar la adjudicación de licitaciones.

Para los otros gerentes de la compañía, Pedro Guerra Guerrero, Leonardo Bustos Abarzúa y Ricardo Rodríguez Bizama la fiscalía pide penas de cárcel efectiva que suman 11 años para cada uno, por los delitos de soborno, lavado de activo y asociación ilícita.

En el caso del exfuncionario del Ministerio de Energía, Paul Pacheco Quintanilla, las penas solicitadas suman nueve años de cárcel por cohecho reiterado, lavado de activos y por delitos tributarios.

Para el exalcalde de Negrete, Francisco Melo Márquez, acusado por el delito de cohecho, se piden 818 días de cárcel, y para el exalcalde de Coyhaique, Rigoberto Alejandro Huala Canumán, penas que suman cuatro años de presidio por cohecho reiterado.

En el caso del asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán, Marcelo Campos Henríquez, se solicitan 10 años de cárcel por el delito de cohecho, igual pena que se pide para el exconcejal de la misma comuna Víctor Sepúlveda Barra. En el caso del exadministrador de ese municipio, Ricardo Vallejos Palacios, se solicitan ocho años de cárcel, y respecto del empresario Víctor Amado Herrera, se solicitan siete años de cárcel por sobornar a aquellos funcionarios públicos.

Otros funcionarios públicos que cometieron cohecho, según la fiscalía, son Julio Villaroel Rojas, secretario de Planificación de la Municipalidad de Coyhaique, que arriesga una pena de cuatro años de cárcel, y su par de la Municipalidad de Negrete, David Encina Fonseca, por el que se solicitan dos penas de 540 días de cárcel.

También se acusó a los particulares Rogers Mariangel Oviedo, Alex Fuenzalida Villalobos, Cristian Ureta Bravo y George Latrille Hucke, por el delito de soborno. A este último se le acusó, además, por asociación ilícita y delitos tributarios. A ellos se suman Javiera Correa Neira, por lavado de activos, y José Hidalgo Abarzúa por delitos tributarios.

Por último, en cuanto a las empresas del grupo Itelecom, en la acusación se pide su disolución, multas de 150 mil UTM y el comiso de los fondos que se encuentran sujetos a las medidas cautelares reales de retención e incautación, entre otras penas.