¿Cuándo se enteraron? ¿Qué acciones se emprendieron? ¿Hubo recomendaciones específicas? Esas son parte de las interrogantes respecto del accionar de autoridades de La Moneda en torno a la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve -actualmente en prisión preventiva en Capitán Yáber- que, a más de dos meses de que estallara el caso, siguen generando dudas tanto en sectores políticos como en el Ministerio Público.
Porque si bien la investigación penal sigue avanzando bajo el alero de acciones emprendidas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, hay cuestiones de orden más administrativo que, sobre todo en la oposición, no terminan de cuadrar. Por lo mismo, parlamentarios han ido requiriendo semana a semana antecedentes vía oficio a diferentes reparticiones.
Es el caso, por ejemplo, de las disposiciones adoptadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito a propósito del acercamiento que tuvieron cuatro funcionarios cercanos a la denunciante con el centro para víctimas que depende de esa repartición. Y es que, como detalló en su momento la subsecretaria Carolina Leitao, en las horas previas a que la mujer de 32 años estampara formalmente la denuncia en contra del otrora jefe civil de las policías, el pasado 14 de octubre, cuatro trabajadores llegaron hasta las oficinas del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos (CAVD) solicitando orientación respecto de cómo proceder en caso de denuncias sobre delitos sexuales.
De acuerdo con lo señalado por la exalcaldesa, en esa oportunidad los funcionarios solo requirieron antecedentes y no denunciaron nada en particular, ni dieron antecedentes del caso concreto. De hecho, no se habrían identificado, por lo que preliminarmente no se advirtieron irregularidades en su accionar por parte de quienes los atendieron.
Sin embargo, como informó hace algunos días la subsecretaría por medio de un oficio remitido a parlamentarios de la UDI, con fecha 2 de diciembre se dispuso la apertura de una investigación sumaria con miras a determinar fehacientemente si se cumplió con los protocolos o si algún funcionario incumplió su deber de denunciar. “A través de la Resolución Exenta N°2892 de fecha 2 de diciembre de 2024, de esta Subsecretaría, se ordenó instruir una investigación sumaria a objeto de determinar si existe algún tipo de responsabilidad administrativa involucrada en los hechos”, se lee en el documento, al cual tuvo acceso La Tercera.
Las consultas
Abordando el hecho propiamente tal, en el oficio se detalla lo ocurrido en el momento en que los funcionarios realizaron las consultas, evidenciándose que “el día 14 de octubre de 2024, cerca del mediodía, concurrieron a las oficinas de Programa de Apoyo a Víctimas de Santiago, cuatro individuos adultos quienes solicitaron no registrar la atención ni entregaron datos de individualización del denunciado, de la víctima, de ellos, o datos para ser contactados con posterioridad”.
“Dos de estas personas consultaron sobre el procedimiento para denunciar un delito sexual, sin entregar detalles de quién sería el denunciado. La funcionaria que los atiende les explicó en qué consiste el programa y brindó orientación referida al procedimiento de denuncia (dónde y cómo denunciar) en este tipo de delitos. Además, les informó la importancia de ingresar la denuncia cuanto antes y las medidas de resguardo necesarias para preservar las pruebas que tuvieren en su poder. Finalmente les recomendó ingresar la denuncia en Fiscalía, entregándose la dirección de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y explicándoles que el CAVD provee atención psicológica, social y representación legal, pero que existen ciertas excepciones respecto de esta última atención”, se agrega en el escrito.
El detalle de estos hechos, conforme se indica en el oficio, fue informado a la jefatura del programa el día 21 de octubre, fecha en la que concluyen que todo podría tener relación con la denuncia hecha contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, ya que a esas alturas era de público conocimiento. “Ante ello, se decide remitir la información correspondiente al fiscal (Xavier) Armendáriz, lo que se concreta el día 22 de octubre”, se precisa.
Respecto de otras acciones emprendidas, desde Prevención del Delito también indicaron que, una vez que el caso se hizo público, el coordinador del equipo de Casos de Conmoción Pública (CCP) activó protocolos establecidos e inició coordinaciones “con el fin de evitar la victimización secundaria de la persona afectada”, detallaron.
“Por tratarse de un presunto delito sexual, el coordinador de CCP tomó contacto con el equipo de connotación pública del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), quienes le informaron que estaban realizando acciones de despeje del caso para poder tomar contacto con la afectada. Frente a ello, el Programa Apoyo a Víctimas no hace levantamiento de antecedentes, para evitar duplicidad de acciones. Posteriormente, se tomó contacto con la funcionaria del SernamEG perteneciente a la unidad de violencia extrema, para dar continuidad a la coordinación del caso, acordando que, dado que se trataba de un caso de denuncia de violencia de género de carácter grave, la intervención psicosocial y jurídica que pudiese ser solicitada por la víctima posterior al despeje y levantamiento de antecedentes, sería brindada por SernamEG”, se precisa.
Considerando que la denunciante estaba siendo atendida por los equipos de la Fiscalía Centro Norte, agregaron, “el caso en el Programa Apoyo a Víctimas se cerró sin acciones de levantamiento de datos, despeje, ni atenciones a la víctima”.
