Para el 26 de enero del próximo año, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó la audiencia para que el Ministerio Público informe los avances de la investigación del denominado caso Motorola. Causa en la que se investigada una licitación de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mientras era dirigida por Katherine Martorell, quien tiene calidad de querellada en estos hechos.

La determinación del tribunal se debe a una solicitud ingresada por la parte querellante, la empresa Pegasus, la cual el 2020 se querelló por posibles delitos de corrupción tras la adjudicación de la empresa Motorola como proveedora de las cámaras corporales para la policía uniformada.

Lo anterior no corresponde a lo señalado por algunos medios donde se aseguraba que el tribunal había fijado una audiencia de formalización en contra de Martorell, sino más bien corresponde a una instancia para que el Ministerio Público explique los avances que ha tenido en estos tres años de investigación. Lo que se presentó, en definitiva, es una cautela de garantías.

Esto a raíz del escrito ingresado por la empresa donde se acusa a la Fiscalía de que “existiendo antecedentes más que suficientes en la carpeta investigativa, el fiscal a cargo de la causa, Sr. Francisco Ledezma, no ha solicitado aún audiencia de formalización”.

A juicio de la empresa querellante, la que acusa delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y falsificación de instrumento público, la Fiscalía ha avanzado lentamente en la causa permitiendo -incluso- que la exsubsecretaria pueda elegir cuándo declarar. Junto con supuestamente impedir el acceso a la carpeta de investigación.

Las acusaciones de la empresa

En la solicitud ingresada por la abogada Monserrat Rodríguez, señala que “hemos visto en la tramitación de la causa demoras en la entrega de las copias de la carpeta investigativa, que por sí sola obedece a un entorpecimiento a los derechos de esta parte. Pero esa demora, lleva aparejada, además, la imposibilidad de solicitar diligencias o entrevistas con el fiscal a través de la tramitación”.

Dicha acusación apunta a que ”mientras se solicita copia de la carpeta investigativa y esta se entrega, esta parte queda imposibilitada de ejercer sus derechos en la investigación”.

Además de eso, agrega que “esta parte ha evidenciado una predilección del fiscal a cargo de la investigación de cautelar los derechos de la querellada Martorell, permitiéndole que no declarara en casi un año y dejando la copia de su declaración marcada, protegida y reservada, no existiendo constancia en la declaración que la imputada haya pedido reserva de su declaración ni medidas especiales para entregarle copia a la querellante”.

Finalmente, el texto concluye que se ha dificultado el acceso a la información extraída de los computadores de los querellados y del celular de Martorell, “omitiendo conversaciones sobre el particular por instrucción expresa del fiscal, y habiendo extractado la totalidad de las conversaciones, limitar su acceso a ciertas palabras”.

“De lo poco que pudo apreciarse, pueden detectarse conversaciones con el entonces Subsecretario del Interior, Sr. Galli, referentes a investigaciones sobre mi representada, pero no sobre la situación provocada por la irregular licitación o la situación de los querellados”, concluye el texto.

Desde el Ministerio Público descartaron las acusaciones y sostuvieron que se expondrán los argumentos en la instancia procesal correspondiente.