Luego de un poco más de dos años, ayer se cerró la investigación penal por presunto tráfico de influencias en contra del senador y exalcalde de Puente Alto Manuel José Ossandón.
El caso surgió por una denuncia presentada el 9 de noviembre de 2018 por el alcalde de Pirque, y primo del senador, Cristián Balmaceda, quien lo acusó de intervenir en el concejo municipal de su comuna en octubre de 2017 y ante él, para intentar destrabar un convenio en la municipalidad para favorecer a la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA. Esta empresa era administrada por su hijo Nicolás Ossandón Lira, en el marco de un millonario negocio de extracción de áridos en el río Maipo. Todo esto, supuestamente, sin transparentar que ahí trabajaba su hijo.
Antes de decretarse el cierre de la causa, el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, reformalizó ayer a Ossandón y detalló que entre 2017 y 2019, y en varias ocasiones, le abonó desde sus cuentas bancarias a su hijo $ 32 millones, de los cuales $ 16 millones fueron destinados a Cavilú por Ossandón Lira.
“Cabe hacer presente que en el mismo período Nicolás Ossandón aportó a Cavilú SpA la suma total de $ 53.407.213. y que este no contaba con ingresos provenientes de actividades económicas formales que justifiquen tales pagos”, señaló Guerra.
Con la investigación ya cerrada, ahora lo que corresponde es que la fiscalía pida el desafuero del parlamentario a la Corte de Apelaciones de San Miguel y presente una acusación en su contra. Para esto, hay un plazo de 10 días.
Según fuentes de la causa, el Ministerio Público está evaluando pedir una pena de entre tres años y un día a cinco años de presidio, además de la inhabilitación de cargos públicos por un periodo que aún no definen.
Al término de la audiencia, Ossandón dijo que “los fiscales solo precisaron algunos antecedentes de la formalización original, lo que a mi juicio vulnera mis derechos. No hay nada nuevo, no hay ningún cargo nuevo, pues esta investigación adolece de fundamentos. No existe tráfico de influencias, pues todo se hizo en su oportunidad de manera pública y transparente”.
El parlamentario añadió: “Los fiscales ya anunciaron que pedirán mi desafuero, proceso que confío será rechazado, pues no hay mérito alguno para llevarme a juicio, pues soy inocente y lo voy a demostrar”.
Cautela de garantías
Al comienzo de la audiencia los abogados de Ossandón -Ricardo Freire y Samuel Donoso- pidieron una cautela de garantías para intentar impedir la reformalización del senador.
Fundamentaron su petición señalando que el plazo de investigación estaría vencido, porque la audiencia de formalización se registró el 26 de agosto, oportunidad en que se dio un plazo de 90 días. Asimismo, dijeron que los cinco hechos y sus antecedentes están notificados en la formalización y que modificarlos puede cambiar incluso la clasificación jurídica, lo que afecta los derechos del imputado.
Ante esto, el fiscal Guerra dijo que su reformalización se solicitó al tribunal cuando el plazo aún no estaba vencido y que la defensa debió “reponer” cuando se pidió la audiencia. Asimismo, señaló que se estaba cuestionando la facultad del Ministerio Público de investigar y ejercer su labor.
El Juzgado de Garantía de Puente Alto resolvió dar luz verde a la imputación de cargos, argumentando que este proceso no vulneraba los derechos del exalcalde.
