Castigar al comprador: la vía para acabar con portonazos

En un 22,5%, según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, aumentó el robo con intimidación en el primer trimestre de 2018, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Dentro de esta figura se encuentra el portonazo, es decir, el robo violento de un vehículo. Para terminar con este delito, Piñera anunció el aumento de las sanciones para quienes compren vehículos sustraídos, quienes "tendrán una pena equivalente al autor del robo".

Esto se aplicaría para quienes hayan hecho la adquisición "sabiendo o debiendo saber".

Este anuncio, no obstante, contó con los reparos del director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, quien aseguró que "está demostrado que el aumento de penas no inhibe la comisión de delitos. El único efecto que podría llegar a tener es que las personas van a estar más tiempo privadas de libertad".

El director del organismo, por otro lado, valoró el aumento de efectivos policiales en las calles que dio a conocer el Mandatario, así como la alerta temprana respecto de los jóvenes en situación de riesgo, aunque estimó que "falta precisar cómo se van a implementar las medidas".

Johnson también estimó que en la cuenta se debió hacer un llamado a promocionar las denuncias.

Andrés Allamand (RN), de la Comisión de Seguridad del Senado, indicó que con este anuncio de los portonazos, "la seguridad ciudadana adquiere la importancia debida como primera prioridad".

El parlamentario añadió que el "aumento de penas no es únicamente la solución, pero en este caso se trata de frenar la cadena delictual, en el sentido de que las personas que -a sabiendas- se benefician de los portonazos tengan sanción ejemplar".

En tanto, el senador PPD Felipe Harboe indicó que la medida "no es eficaz, no está basada en evidencia, porque en Chile la compra de autos robados no es masiva, toda vez que los delincuentes los usan para cometer otros delitos o para desarmarlos y venderlos por partes".

El homicidio de Carmen Gómez durante un asalto en La Reina, cometido por un joven de 18 años que ya tenía 21 ingresos al sistema judicial, fue una de las partes centrales del discurso del Presidente Sebastián Piñera en materia de seguridad ciudadana. A raíz de este crimen, el Mandatario anunció modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), las que serán presentadas durante junio.

El proyecto, indicó, "fortalece el control de la delincuencia juvenil, modificando la legislación penal e incorporando, clara y explícitamente en la ley, para evitar toda duda en su interpretación judicial, la obligación del tribunal de considerar como agravante de la responsabilidad penal juvenil la reincidencia en los delitos cometidos, evitando así la evasión de la responsabilidad penal y la absurda impunidad con que hoy día actúan muchos de los delincuentes juveniles".

En las palabras del Mandatario se hizo alusión al rol de los jueces en estos casos. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, indicó que "la delincuencia siempre está sujeta a observación", aunque advirtió que se debe motivar "un debate profundo en esta materia", argumentando que "la solución no siempre está dada por el aumento de penas".

Brito dijo, además, que hay un trabajo en curso en esta materia y recordó que ya hay un proyecto de ley que modifica la Ley Penal Adolescente. "No sabemos si estos anuncios están incluidos en las indicaciones a ese proyecto", señaló.

Esta visión es compartida por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a quien le gustaría saber cómo se va a potenciar la prevención delictual juvenil: "Me parece que el foco no puede estar solo en la persecución".

En contraparte, la diputada RN de la Comisión de Seguridad, Marcela Sabat, dijo que la ley actual deja a criterio del juez "si toma en cuenta o no los ilícitos que cometió un menor con anterioridad, a lo que se pone fin con el anuncio".