La Procuraduría Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra 12 exmilitantes del partido oficialista Comunes, entre ellos la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, por un delito de fraude de subvenciones, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación.
Representando al Frente Amplio y al Partido Comunista, Oliva perdió la elección en segunda vuelta el 13 de junio de 2021, frente a la actual autoridad regional, Claudio Orrego. Esa jornada fue a votar acompañada de los dos precandidatos presidenciales de su sector, Daniel Jadue y Gabriel Boric, el que finalmente se impuso en la primaria de la izquierda y llegaría a La Moneda.
De acuerdo a la acción interpuesta por el CDE en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva, realizaron en primera y segunda vuelta una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales” y de esa forma solicitar al Servicio Electoral (Servel) devoluciones improcedentes.
Según un comunicado publicado por el CDE en su sitio web, los hechos dan cuenta que Jorge Ramírez, que presidía el partido, la secretaria ejecutiva, Camila Ríos, el administrador electoral, Martín Miranda, y la propia Oliva, eran “quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales”.
De manera concertada, con diversos coimputados, emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar, para solicitar un reembolso mayor al Servel y justificar además los montos crediticios pedidos para tal efecto por la candidata Oliva, expone la querella.
Asimismo, se detalla que con la misma intención de abultar estos gastos no realizados, Miranda incorporó además en la rendición electoral de Oliva dos facturas de la Fundación Chile Movilizado, por servicios que efectivamente no se prestaron, y cuyos informes para responder las observaciones del Servel, fueron copiados de los elaborados por la empresa Criteria Research.
Este modo de perpetrar el delito, realizado a través de diferentes mecanismos en la primera vuelta electoral se habría repetido en la rendición de gastos de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en ambos períodos hubo montos que finalmente fueron objetados y luego rechazados por el SERVEL, al no ser justificados correctamente y, por tanto, no se habrían realizado dichos pagos.
Según el CDE, en cuanto al perjuicio, se defraudó al Estado en una suma total de $293.093.681, intentando defraudar, además, en un monto de $110.000.000.
En octubre de este año, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitó audiencia para formalizar a Oliva y a su círculo más estrecho de colaboradores. La formalización quedó fijada para este 20 de diciembre.
