El Consejo de Defensa del Estado dio a conocer una declaración este martes, tras conocerse la argumentación que hizo el organismo para rechazar una demanda en contra del Estado de Chile que presentó un grupo de 22 personas que sufrieron lesiones oculares en manifestaciones tras el 18 de octubre de 2019.

“En relación con la cobertura que los medios de comunicación han dado a argumentos presentados por el Consejo de Defensa del Estado respecto de una demanda interpuesta por personas que puedan haber sido afectadas en el contexto de las movilizaciones sociales, es importante precisar que los argumentos de este organismo siempre se enmarcan en un proceso judicial en que cumple con la obligación legal de proteger y defender los recursos públicos”, señalaron.

Asimismo, exponen que “la función del CDE implica defender ante los tribunales de justicia al Estado y Fisco de Chile frente a demandas indemnizatorias de quienes puedan haber sido afectados por el actuar de funcionarios u organismos públicos, con prescindencia de cualquier consideración que no corresponda al mérito del proceso. Para ello, debe presentar con claridad, tanto los elementos que dan sustento legal a las actuaciones del Estado, como las diferencias que puedan existir entre los distintos casos que buscan una reparación civil”.

El organismo acotó que “al ponderar los antecedentes, el consejo no desconoce las eventuales responsabilidades penales que puedan estar investigándose en paralelo, y que él mismo pueda estar persiguiendo en calidad de querellante”.

“El Consejo ha velado y debe continuar velando por los recursos que pertenecen a las chilenas y chilenos, cumpliendo con el mandato legal que se le ha conferido”, cerró la entidad.

Los demandantes piden ser compensados económicamente por un monto que en total suma $7.025.565.22. Según la acción indemnizatoria interpuesta el 24 de julio de 2020 el Estado habría actuado con falta de servicio causándoles lesiones a todos los demandantes, debido a que personal de Fuerzas Especiales de Carabineros habría hecho un “uso abusivo de la fuerza y actuado negligentemente”.