Chile advierte a la corte riesgos de una sentencia alejada del derecho internacional

Las trituradoras de papel iniciaron su trabajo sin pérdida de tiempo. Recién había concluido el cóctel, que ayer a las 13.30 horas local brindaron el canciller Roberto Ampuero y el agente Claudio Grossman en el hotel Hilton para agradecer y celebrar el trabajo del equipo ante la Corte Internacional de La Haya, cuando comenzó a desmontarse el cuartel central que usó la delegación nacional durante las últimas dos semanas.

Una de las tareas fue destruir todas las minutas y los informes que se hicieron para la preparación de los alegatos y que contenían, además, las discusiones internas que se realizaron para definir y afinar la forma en que se respondería no sólo los argumentos, también los "descalificativos", "agresiones" y "tergiversaciones históricas" planteadas por Bolivia en este juicio.

En la delegación algunos reconocían que esta, por momentos, fue una "pelea en el barro" a la que Bolivia llevó a Chile, por el tono de los alegatos y el uso de argumentos emocionales y políticos, algo muy distinto de la forma en que se desarrolló años atrás el juicio que entabló Perú. Por eso, la instrucción era clara: no podía quedar ningún rastro de los análisis e informes internos.

De lo que sí quedó registro fue del mensaje que envió Chile ayer a la corte para que falle de acuerdo con el derecho internacional y deseche por completo la solicitud que hizo Bolivia a los jueces, a quienes instó a apartarse de esa senda y sentirse en libertad de hacer justicia como mecanismo para resolver conflictos internacionales. En las jornadas previas, el abogado de Bolivia Vaughan Lowe, incluso, les dijo a los magistrados que esta era una oportunidad de convertir el caso de Bolivia en un ejemplo para otros casos.

"Chile se presenta ante ustedes con la expectativa de que, en este caso, que en el fondo afecta la soberanía del territorio chileno, se resuelva de acuerdo con el derecho internacional", señaló Grossman en su discurso de cierre.

Chile apeló en varias ocasiones a que la corte recuerde sus propios fallos en los que establece que este tribunal se basa en la aplicación del derecho internacional, y les solicitó a los jueces tener presente el peligro y los riesgos que encierra el planteamiento que esgrimió Bolivia al sostener, por intermedio de su abogado Vaughan Lowe, que los países están obligados a negociar por el sólo hecho de ser parte de organismos como la ONU. Esto, incluso cuando no se ha logrado establecer la existencia de un compromiso explícito que obligue a negociar.

"Si la tesis de Bolivia es correcta, cualquier Estado que se sienta víctima de injusticia podría obligar a sus vecinos a negociar concesiones soberanas", respondió Chile a través del abogado francés Jean-Marc Thouvenin, quien se desempeña como secretario general nada menos que de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, la que sesiona junto al Palacio de La Paz.

El mensaje fue reforzado por el canciller Ampuero al término de los alegatos. Desde el hall del Palacio de La Paz, donde debieron hacer sus declaraciones finales las delegaciones debido a la intensa lluvia, el ministro remarcó que "lo que pretende Bolivia es obligar a Chile a negociar a perpetuidad, hasta que se cumpla su obsesión, su petición y su exigencia de obtener territorios soberanos chilenos. Quiero ser claro, esto jamás lo aceptaremos. Lo único que es a perpetuidad es el Tratado de 1904".

En el equipo chileno había cierta complacencia respecto de haber sido capaces de exponer ante los jueces "un caso coherente" y haber sido capaces de poner de manifiesto las inconsistencias y debilidades de la demanda, una tarea no menor, ya que de lo que se trataba era de dejar instalada la última palabra antes de que los jueces comenzaran a deliberar.

"Bolivia ha fracasado completamente en probar los tres conceptos que tenía que probar para prevalecer, es decir, que existía un compromiso o una obligación jurídica, que Chile incumplió dicha obligación, y Bolivia no puede triunfar a menos que pruebe los tres aspectos", dijo el abogado estadounidense Harold Koh, el primero en iniciar las exposiciones de Chile.

Koh plantearía un argumento que luego sería reiterado en forma específica por los demás abogados que participaron en la audiencia, al sostener que el caso que planteó Bolivia se caracteriza por la falta de precisión.

El abogado, quien fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y jefe de la oficina jurídica del Departamento de Estado de EE.UU. bajo el gobierno de Barack Obama, ironizó ante los jueces, comparando los continuos cambios de tesis y de argumentos hechos por los abogados de Bolivia con un partido de tenis, al que uno está obligado a mirar a un lado primero y luego al otro.

Bolivia, insistieron uno a uno los litigantes del equipo chileno, no pudo demostrar la existencia de un momento específico en que Chile se haya obligado a negociar, como tampoco habrían sido capaces de demostrar que hubo una continuidad a lo largo de la historia en los ofrecimientos hechos por Chile, por lo que tampoco surge de ellos una obligación jurídica de negociar.

Una tarea especialmente difícil para la defensa fue desmontar la estrategia judicial aplicada por Bolivia el lunes pasado, cuando a lo largo de tres alegatos diferentes los demandantes enfatizaron el rol vinculante de las resoluciones de la OEA.

A juicio de la delegación chilena, la importancia que le asignó Bolivia a este tema -que fue retrucado ayer por la argentina Mónica Pinto- es que con él pretendían darle una señal sobre el piso mínimo que estarían dispuestos a recibir en caso de un fallo parcialmente favorable para los demandantes. Es decir, que sólo inste a los dos países a retomar las conversaciones, pero sin la obligación de cesión de soberanía.

Grossman, en tanto, en su discurso final ahondó en los beneficios que otorga Chile a Bolivia y que sobrepasan lo que estipula el Tratado de 1904. Además, remarcó ante la corte que Chile no es un mal vecino, como sostuvieron los abogados bolivianos, junto con responder a algunas de las duras acusaciones que formuló el equipo paceño en las jornadas previas, entre ellas, que Chile es el "carcelero" de Bolivia.

No sólo la supuesta obligación de negociar acceso soberano al mar marcó las diferencias entre las delegaciones de Bolivia y Chile durante los alegatos.

Apenas terminaron las audiencias orales en el Palacio de La Paz de La Haya, los expertos de ambos países especularon al interior de sus equipos cuándo sería eventualmente la fecha en la que el tribunal daría a conocer su sentencia.

La corte no tiene plazos fijos, pero sí algunas prácticas usuales y que les permiten a Bolivia y Chile aventurar posibilidades. En Bolivia, incluso, el Presidente Evo Morales señaló ayer que la sentencia podría ser dictada el próximo año, de acuerdo con los cálculos que sus abogados y el equipo que encabeza el agente Eduardo Rodríguez Veltzé le indicaron.

Por la complejidad del caso y sus implicancias, en la delegación paceña sostenían que los magistrados podrían estar en condiciones de dictar el fallo después de febrero de 2018, tras el receso de verano en el hemisferio norte.

En la delegación chilena, por el contrario, algunos abogados apuestan a que puede salir antes, a partir de fines de septiembre. Basan sus análisis en la presión que ha estado imponiendo el nuevo presidente del tribunal, el somalí Abdulqawi Yusuf, a los jueces para apresurar la vista de los casos pendientes. Yusuf ya sorprendió a Chile cuando adelantó en enero los alegatos orales por la demanda boliviana. Hasta entonces, se creía que las audiencias serían en mayo o junio.

La corte tiene una importante recarga de trabajo que Yusuf pretende reducir. Junto con la sentencia de Bolivia-Chile, los jueces deben revisar una opinión consultiva de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el archipiélago de Chagos; además de las demandas de Malasia contra Singapur -cuyos alegatos serán en septiembre-; India contra Pakistán; Ucrania-Rusia, e Irán contra Estados Unidos.