“Chile tiene una deuda importante en esta materia”: defensor nacional expone ante la OEA sobre situación de imputados con discapacidad psicosocial

Durante la primera sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el defensor nacional Carlos Mora, expuso sobre las prácticas que requiere tomar el país para garantizar el acceso a la justicia a las personas que requieren servicios de salud mental. En su presentación, durante el evento realizado en Washington, Estados Unidos, el director de la Defensoría Penal Púbica y subcoordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), argumentó cómo los estados debiesen garantizar este derecho.

Mora, presentó la serie de medidas que han tomado los defensores públicos en Chile para abordar la situación, destacando el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de aquellas personas que están en alguna situación de discapacidad mental o psíquica durante el proceso penal. En ese sentido, afirmó: “como abogados y abogadas, tendemos inevitablemente a pensar erróneamente, por ejemplo, que nuestra posición y conocimientos nos permiten decidir de mejor manera qué es mejor para nuestros representados”.

Junto con eso agregó que “de este modo, y para casos en los que se ejerza la defensa penal de estas personas, se ha mandatado el deber de considerar la versión, la declaración y las instrucciones de nuestros representados o representadas, al punto de, por ejemplo, que nuestros defensores y defensoras no puedan contrariar los mandatos de la persona defendida si ésta expresa que no quiere que se ventilen sus antecedentes psicológicos o psiquiátricos, o bien, que no quiere que se adopte en su contra un procedimiento especial para personas consideradas penalmente inimputables”.

Además de eso, Mora relevó la importancia de la coordinación entre las diferentes instituciones que forman parte del sistema penal. “No existe una buena práctica que logre mejorar, de manera sustancial, la realidad que viven las personas con discapacidad psicosocial si no existe un compromiso real y serio por parte de la totalidad del Estado, destinando recursos materiales y humanos que garanticen realmente el acceso a justicia de estas personas”, aseguró.

Finalmente, el defensor nacional denunció que en el país actualmente más de un centenar de personas que cuentan con antecedentes psicológicos o psiquiátricos esperan en los recintos penales en los que se encuentran, que exista un cupo o cama en un hospital para que se les atienda o interne.

“Entretanto, mientras esperan al interior de módulos penitenciarios, quienes se ven subsumidos en este dramático escenario no reciben tratamientos adecuados y son obligados a realizar labores indeseadas y que menoscaban su dignidad”, reiteró en su intervención, puntualizando que “si las falencias del Estado siguen recayendo sobre los ciudadanos, si como sociedad no somos capaces de brindar espacios adecuados y seguros para cumplir las exigencias de salud, seguridad y justicia; las prácticas que hoy describí y propuse, no serán más que palabras vacías y buenas intenciones”, concluyó el director de la Defensoría Penal Pública.