En 2005 Daniel Urrutia Laubreaux coronó un postítulo sobre Derechos Humanos que realizó con el profesor José Zalaquett con una tesis revolucionaria para su época y que obtuvo nota 7.0. Siendo juez de garantía en Coquimbo el juez desarrolló un documento sobre el rol de la Corte Suprema durante la dictadura de Augusto Pinochet y junto a las críticas que ahí se hacían a la omisión del máximo tribunal en la protección de los detenidos por el régimen, el magistrado decidió además enviar a sus superiores copia de este trabajo. ¿La reacción? El máximo tribunal le devolvió el texto, le abrió un sumario y lo sancionó. Este caso se tramita actualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instancia hasta la cual llegó Urrutia y sus abogados luego que la Comisión IDH determinara que el Poder Judicial chileno “violó las garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protección judicial”.

Es llamado “el niño terrible” del Poder Judicial. No sólo por un estado de Whatsapp en francés " L’ Enfant Terrible" que mantuvo durante años, sino porque de vez en cuando ha generado dolores de cabeza en los superiores de la jerarquizada institución a la cual pertenece. Ayer la Corte de Apelaciones de Santiago le abrió un sumario, lo suspendió de sus funciones y además dejó sin efecto una resolución que Urrutia había dictado hace sólo horas y en la que se sustituía la prisión preventiva de 13 imputados del “caso Primera Línea” por arresto domiciliario total invocando el riesgo de contagio de coronavirus en los recintos carcelarios. El dictamen cayó muy mal en altas esferas del Poder Judicial, incluso en la Corte Suprema, por lo que de inmediato en un pleno extraordinario se puso freno a la decisión del titular del Séptimo Juzgado de Garantía.

Ya hace pocos días una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago lo había inhabilitado de seguir conociendo una causa por violaciones a los derechos humanos. En esa oportunidad el tribunal de alzada capitalino le dio la razón al abogado defensor Mario Vargas quien representa al mayor de Carabineros Humberto Tapia formalizado por apremios tras disparar perdigones a estudiantes en un liceo y a un manifestante de 16 años en medio de manifestaciones tras el estallido social. El tribunal de alzada le prohibió seguir interviniendo en el caso, tras decretar que había perdido imparcialidad al comentar, en el control de detención, que el caso de Tapia le recordaba el de Matías Catrileo, muerto por la espalda por Carabineros y “evidenciando encubrimiento de la institución”.

Pocos días después del estallido social, el 18 de octubre, Urrutia cobró especial relevancia. En su calidad de juez de garantía se constituyó en todos los recintos a los que fue requerido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tras afectaciones de garantías constitucionales. Es así como una noche ordenó a la Posta Central abrir sus puertas y también acudió hasta la estación de Metro Baquedano luego que un estudiante de la Universidad de Chile denunciara que en ese lugar existía un “centro de torturas”, situación que ha sido totalmente descartada por la Fiscalía Oriente. En esa oportunidad si bien Urrutia dijo que no vio lo que el joven denunciaba, sí centró sus críticas al actuar de la policía uniformada por esos días y dijo que en Chile se estaban violando los derechos humanos, generando nuevamente inquietud en las altas esferas del Poder Judicial.

En un nuevo complejo escenario con sus superiores, Daniel Urrutia prepara sus descargos. En 2007 fue la Corte Suprema quien de cierta forma le lanzó un salvavidas permitiéndole irse a capacitar a jueces a Méximo y así evitar que una nueva sanción administrativa -ya acumulaba tres ese año- lo sacara definitivamente del Poder Judicial. Otra vez el juez más controvertido del Poder Judicial tienta su suerte contra la máxima autoridad.