El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, encabezó la XIX sesión del Comité Interministerial de Derechos Humanos, instancia en la que fue aprobada la propuesta de diseño del Plan Nacional de Búsqueda de las víctimas de desaparición forzada durante la más reciente dictadura civil y militar en Chile.

De conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales, la iniciativa apunta a reconstruir las trayectorias de las personas víctimas de desaparición forzada, desde la detención y secuestro, hasta su paradero. La propuesta será enviada al Presidente Gabriel Boric para su revisión y presentada al país el 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El plan fue anunciado por Boric en su primera cuenta pública, en junio de 2022.

“La verdad debe enfrentar a la mentira, la memoria tiene que hacerse cargo del olvido y la virtud de la justicia debe impedir la impunidad, estos tres elementos son claves para el Plan Nacional de Búsqueda”, destacó el ministro Cordero.

Proceso participativo

El proceso participativo del plan implicó la realización de 67 encuentros a lo largo y ancho del país, que contaron con la participación de 775 personas, incluyendo familiares y organizaciones de derechos humanos.

Además, se realizaron cinco seminarios con cerca de 4 mil participantes presenciales y/o virtuales. Reforzando el proceso a través de una etapa de devolución, sugerencias y consultas finales.

Los esfuerzos para dar con el paradero de las al menos 1.159 víctimas que todavía son buscadas, considerarían la georreferenciación de sitios de exhumación y una campaña de toma de muestras de sangre.

En la sesión del Comité Interministerial de DD.HH. en que se zanjó la propuesta participó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el canciller, Alberto van Klaveren, la ministra de Defensa, Maya Fernández, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y la jefa nacional del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (Prais), María José Jorquera.