Pasadas las 21.00 horas de la noche de ayer lunes, un nuevo hecho volvió a complicar a la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.
Con orden judicial, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, personal del OS7 de Carabineros llegó hasta su domicilio, en la comuna de Las Condes, para incautar una serie de dispositivos electrónicos.
En esta ocasión, los funcionarios policiales tenían incluso orden de descerrajar para acceder al inmueble. Esto, luego de que el juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, visara una solicitud presentada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.
En medio de la diligencia, los efectivos se llevaron un segundo celular de la magistrada -anteriormente había hecho entrega de su dispositivo personal y ahora entregó el institucional-, una tablet que utilizaba en el desempeño de sus labores en el máximo tribunal y el computador de su hija, abogada recién egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica (PUC).
La diligencia habría sido solicitada en base a que en la primera entrega voluntaria no se dio cuenta de la existencia de otros dispositivos electrónicos relacionados con sus labores como jueza, y sólo se accedió al teléfono y notebook particular de la jueza.
¿Juez inhabilitado?
Considerando las circunstancias en que se dio el procedimiento, y que desde el entorno de la ministra consideran que ha colaborado durante la indagación que lleva la persecutora, se ha cuestionado el hecho de que justamente sea el juez Urrutia el que visó la orden de entrada y registro.
Lo anterior, como indicaron fuentes consultadas por este medio, porque él -luego de que estallara el caso de presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales- pidió públicamente la salida de Vivanco y del también supremo Jean Pierre Matus.
A eso se suma el hecho de que Urrutia participó como interviniente ante la ministra y su sala en un recurso que él presentó en contra de una sanción de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM).
Este último caso está en acuerdo, pendiente, por lo que existiría más de una causal para que el aludido juez de garantía se haya abstenido de resolver la nueva solicitud de la fiscal Carmen Gloria Wittwer.
En función de lo anterior, como han comentado personeros a la magistrada, es que su defensa evalúa recurrir en contra del abogado.
