Caso bombas: 23 años de cárcel para autor y defensa pedirá nulidad de juicio

A tres meses de que el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago diera a conocer la sentencia condenatoria contra Juan Flores, por las bombas instaladas en un vagón del Metro Los Dominicos y en la galería Subcentro, de Escuela Militar, hoy se conoció la pena de cárcel que deberá cumplir.

En total, según informó la magistrado Gabriela Carreño, serán 23 años privados de libertad los que deberá enfrentar Flores: ocho por posesión o tenencia de bomba, además de delitos de lesiones menos graves y daños (por el caso del transporte subterráneo, hecho ocurrido el 13 de julio de 2014); mientras que los restantes 15 años son por lo acontecido en el Subcentro, el 8 de septiembre del mismo año.

Este caso marca un precedente, pues fueron nueve meses de juicio que concluyeron con el primer condenado por bomba terrorista en la Región Metropolitana desde que comenzó a regir la Reforma Procesal Penal.

"Es un fallo categórico e inédito en cuanto a la condena por el delito de carácter terrorista respecto de los hechos que se produjeron en 2014 en la Región Metropolitana y ha sido un gran logro del Ministerio Público", declaró Raúl Guzmán, jefe de la Fiscalía Regional Sur, tras la lectura de sentencia.

Un caso que a pesar de la condena obtenida, tuvo a dos absueltos: Nataly Casanova y Enrique Guzmán, quienes, según la fiscalía, eran responsables de la instalación de cuatro artefactos explosivos.

El tribunal, sin embargo, no dio por acreditada la participación de ambos en los hechos, y los absolvió.

A pesar de eso, Guzmán insistió en la "calidad" de la prueba rendida durante el juicio. "Hay que tener presente, además, que este es un fallo donde hay un voto de minoría, que está también por condenar a los demás acusados y por calificar como conductas terroristas otros hechos que también fueron materia de acusación", agregó el persecutor.

La magistrada Carreño dio a conocer la condena tras haber acogido la demanda civil interpuesta por la Universidad Católica, en representación algunas víctimas, por concepto de daño moral. En ese sentido, Flores deberá pagar un total de $ 6.500.000 a tres víctimas.

También se dieron a conocer los fundamentos de la jueza Virginia Rivera, quien estuvo por condenar a Flores como autor de delito terrorista por el artefacto del Metro en Los Dominicos, además de declarar como autores del delito de posesión y tenencia de explosivo a Flores y Casanova, hecho ocurrido en La Pintana el 18 de septiembre.

"Existen muchos elementos vinculados entre sí (...), antecedentes que relacionados lógica y racionalmente permiten concluir en forma insoslayable la existencia de una comunidad fáctica e ideo-axiológica entre los hechos y las personas", dijo la magistrada.

A la salida del tribunal, la defensa de Nataly Casanova y Juan Flores anunció que buscarán recurrir de nulidad en este caso, ya que tienen sus reparos respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista.

El abogado Jorge Moraga, de la Defensoría Penal Pública, valoró la absolución de Casanova, indicando que "estamos plenamente satisfechos y tranquilos ante el resultado obtenido; la señorita Casanova fue acusada de tres hechos, dos de los cuales la fiscalía estimó que eran delitos terroristas".

Sin embargo, calificó como "un sabor amargo" los 23 años de condena que recibió Flores. "Nos parece excesivo y nos llevara a presentar el recurso de nulidad en los próximos días, porque estimamos que no hay pruebas suficientes para culpar a Flores. Y, además, si fuera culpable de algún delito, a juicio de la defensa, los hechos no tienen características que lleven a una correcta y prudente aplicación de la Ley Antiterrorista".

Desde el Ministerio Público tampoco descartaron solicitar la nulidad, argumentando que a pesar de lo alta de la condena, no era la que ellos esperaban se aplicara contra Flores. "Estos son hechos graves. Las penas que se impusieron al condenado también fueron altas. Sin embargo, dada la gravedad de los hechos y la existencia de 29 víctimas, sin duda que las expectativas de pena eran mayores. Nosotros solicitábamos 40 años de cárcel", declaró Guzmán.

Agregó que "una vez que hayamos leído y analizado íntegramente la sentencia, vamos a determinar los pasos procesales a seguir".

Desde ahora, las partes tienen 10 días para recurrir de nulidad. Plazo que causó molestia en las defensas y en la fiscalía, por el poco tiempo para analizar las 1.866 páginas de la condena.

"Se trata de un juicio que duró nueve meses, el veredicto se nos comunica el 21 de diciembre y la sentencia definitiva se nos comunica ahora, en marzo; es decir, casi tres meses después de la comunicación del veredicto y solo disponemos de 10 días para el análisis, estudio, lectura de la sentencia e interposición de un recurso", reclamó el fiscal regional sur.

La abogada María Elena Santibáñez, de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica, que representa a un grupo de las víctimas del Subcentro, hizo un llamado al Estado para que "dé una señal estableciendo una pensión de gracia".