Congreso despacha a ley el proyecto que restringe los funerales de alto riesgo

A partir de las 10.00 horas de este miércoles se desarrolló la 98° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, en la que se fijó en primer lugar de la tabla la revisión de las modificaciones que se hicieron en el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece normas para la realización de funerales de riesgo y modifica otros cuerpos legales.

El martes 29 de octubre, por 35 votos a favor, dos en contra y una abstención, el Senado aprobó y despachó a la Cámara Baja el proyecto para su tercer trámite.

Escolares de enseñanza básica de Quillota, Río Claro presenciaron el debate en las gradas del Congreso y la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, expuso la postura del gobierno, durante la discusión.

Poco antes de las 14.00 horas, se realizó la votación. El proyecto fue aprobado por 128 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

La iniciativa forma parte de la agenda priorizada en materia de seguridad y tiene como objetivo regular la realización de funerales en que existan circunstancias, que permitan presumir fundadamente, que su realización representa un riesgo para la seguridad y el orden público.

Según los datos dados a conocer durante el trámite de la norma, entre mayo de 2019 y noviembre del año pasado se registraron más de 1.800 funerales de este tipo, con una serie de complejidades y conflictos para la comunidad, lo que implicó cierre de colegios y centros de atención médica, además de un amplio despliegue de efectivos policiales.

Juan Carlos Beltrán Silva, diputado de Renovación Nacional por La Araucanía, señaló que “no es aceptable, que las escuelas, locales comerciales y centros de salud deban cerrar sus puertas ante un funeral de estas condiciones”. El legislador pidió “señales reales” de apoyo a los policías que tendrán una serie de labores asociadas a la fiscalización de estas ceremonias fúnebres.

El proyecto reduce a 24 horas el plazo máximo para realizar la inhumación en casos de peligrosidad.

Asimismo, dispone aplicar el máximo de la penalización existente cuando se incumplan normas, en el contexto de estos funerales, como el uso de armas, uso de fuegos artificiales, consumo de alcohol y drogas, entre otros.

El grado de riesgo del funeral deben establecerlo las policías y Gendarmería, cuando evalúan los antecedentes y características del fallecido y emiten un informe que se entrega al delegado o delegada presidencial, que emite la resolución respectiva en base a esos antecedentes.

“Este proyecto no naturaliza los funerales narcos. Los sanciona”, recalcó la ministra Tohá, planteando que se está reaccionando a una realidad.

“Cuando se penaliza la violación o el robo, no se está naturalizando el robo, se está sancionando el robo. Cuando hay una realidad, se enfrenta con normas para dar cuenta de esa realidad. Y la realidad es que los narcos se mueren, como todas las personas. Y hoy día tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano, ellos y su familia: 48 horas, un lugar para hacer un velorio, un recorrido que pueden ellos elegir, donde pasen por su casa de la infancia, por donde pasen por su mausoleo narco, donde hagan un recorrido por donde funciona su banda. Y no hay herramientas legales para impedirlo”, expuso.

“No tenemos cómo impedir que el cortejo dé una vuelta por la comuna del lado o vaya a dar una vuelta a la Región Metropolitana si quiere, si está dentro de las 48 horas. Eso cambia con esta ley. En lugar de 48 horas van a ser 24. Ya no va a haber lugar del velorio, directo desde el lugar de fallecimiento o el Servicio Médico Legal al cementerio. Lo que haya de velorio va a ser en el cementerio. El recorrido tiene que ser visado por Carabineros. Ya no van a poder pasar por donde quieran. Lejos de naturalizar los incidentes que hay en este tipo de velorios, se agravan las sanciones si llegara a haberlos. Se entregan herramientas que hoy no existen”, destacó la secretaria de Estado.

Desde la oposición señalaron que las disposiciones se hacían insuficientes. “Temo que esta ley se quede corta”, advirtió Fernando Bórquez, diputado de la Unión Demócrata Independiente.