Consejero del CDE revela que existe una solicitud de indulto por el estallido social en tramitación

La mañana de este jueves, en el Tribunal Constitucional (TC) emplazado en calle Huérfanos 1234, se dio inicio a los alegatos en el marco de los requerimientos ingresados por senadores de Chile Vamos y Demócratas para impugnar los indultos concedidos al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

De parte del Ejecutivo, tras una solicitud expresa del ministro de Justicia, Luis Cordero, el encargado de defender la constitucionalidad de los beneficios presidenciales fue el consejero y abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Raúl Letelier. En tanto, de parte de Chile Vamos y Demócratas, la jurista seleccionada para impugnar los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric fue la exconvecional y abogada UDI, Constanza Hube.

Finalmente, los ocho ministros que conforman el tribunal no llegaron a acuerdo y resolvieron solicitar más antecedentes a ambas partes para así poder fallar sobre el fondo de las acciones presentadas por la oposición.

Una vez concluidos los alegatos, los abogados litigantes se dispusieron a responder preguntas de parte los miembros del TC. Fue así que, en el turno del ministro Christian Letelier -exdiputado por la UDI- le formuló al consejero del CDE la siguiente pregunta: “¿Si tiene información si existe otras solicitudes de personas que han sido condenadas por hechos en el contexto del estallido social, hay solicitudes de indultos que no han sido cursadas?”.

El jurista, por su parte, respondió de forma escueta que existe una solicitud en tramitación de una persona condenada por delitos cometidos en el marco del estallido social. “Sí, hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta, solo una”, se limitó a contestar.

La Tercera se contactó con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para conocer más detalles sobre la solicitud de indulto en cuestión -como la etapa de tramitación y la identidad del sujeto-, sin embargo, desde la cartera respondieron que el ministro Luis Cordero resolvió no referirse al tema mientras se prolongue el litigio en el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, un día después, consultado al respecto Cordero confirmó la existencia del proceso de indulto en tramitación: “El tribunal lo que pide es informar si después de esa fecha existen solicitudes que hubiesen ingresado al Ministerio de Justicia y hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos en la sección de indultos de la división de reinserción”.

De acuerdo con información de La Moneda, en las solicitudes de indultos presentadas por personas condenadas o en prisión preventiva por delitos cometidos durante el estallido social “destaca la dimensión humana de la privación de libertad, identificando sus condenas con un contexto de crisis social iniciado en 2019″.

“Las solicitudes contienen difíciles historias de vida, de jóvenes que cuando niños no tuvieron la protección del Estado y que hoy requieren la reinserción social. Asimismo, en otros casos se destaca la necesidad de retomar su vida familiar y laboral, restableciendo la relación con sus hijos, madres y padres”, señalan fuentes de Palacio.

Según informó en su momento el gobierno, a diciembre de 2022 existían 56 personas privadas de libertad por hechos vinculados al estallido social.

El profesional a cargo de defender la constitucionalidad de los indultos concedios por el Presidente Gabriel Boric, en nombre del Consejo de Defensa del Estado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y Becario Postdoctoral en la Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica de la Universidad de Bologna.

Es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ha sido profesor visitante en la Università degli Studi “Roma Tre”.

Como mencionó tras ser designado como consejero del CDE a La Tercera, concibe al organismo “como un gran estudio jurídico, el más grande del país”. A su juicio, para defender los intereses del Estado, esta entidad “debe tener varios perfiles de abogados en el que cae uno más académico, uno de abogado litigante puro y también otro más político o que pueda planificar estrategias”.

Es un férreo defensor de la independencia del CDE y, por lo mismo, defiende la no existencia de limitación de edad para los consejeros. De hecho, lo considera como una “garantía”.

Se define como un hombre sin nexos con el poder, aunque es militante del Partido Socialista y amigo de años del exconvencional Fernando Atria. Ambos participaron de la creación del Proyecto Puentes, grupos de profesores que estaban a favor de una asamblea constituyente para modificar la actual Constitución. Esto, antes de que siquiera estuviera en el horizonte cercano el actual proceso.