La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, abordó este jueves la solicitud de diputados de oposición para removerla de su cargo, tras la querella que el organismo presentó y que fue declarada inadmisible, respecto a un presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial que aludía al exministro Mario Desbordes.
Durante su discurso en la entrega al secretario ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Claudio González del Premio Nacional de Derechos Humanos 2024, Contreras expuso que este galardón reconoce a personas que “ayudan a consolidar una cultura que fortalezca el respeto a la dignidad, la no discriminación y la justicia social”.
“En el mundo actual, estas acciones se han vuelto cada vez más complejas. El entorno se ha atiborrado de desafíos que más bien podríamos considerar amenazas. A temas como violencia institucional o brechas en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de sectores vulnerables o grupos de especial protección, se sumó ahora el ataque constante a la institucionalidad de derechos humanos”, reflexionó.
En esa línea, Contreras afirmó que “en los últimos años, se ha buscado dejar sin presupuesto al INDH, esgrimiendo, argumentos espurios”.
“Hemos sido blanco de acusaciones por participar en la acreditación de las víctimas de la crisis social a quienes el Ejecutivo dio pensiones de gracia. En la Cámara de Diputados y Diputadas se ha presentado más de un proyecto de acuerdo en el que se pide al gobierno el cierre del Instituto. Desde hace pocas semanas enfrentamos una querella y una solicitud de remoción porque decidimos hacer el trabajo que nos encomendó la ley. Son tiempos difíciles y de pronóstico incierto”, sostuvo.
“¿Qué podemos hacer ante este entorno adverso? Lo que aspiramos a hacer siempre, actuar con apego irrestricto a nuestro mandato de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio nacional. En los momentos más duros, es fundamental tener ejemplos que nos inspiren a superar los obstáculos. Y, por cierto, podemos hallar respuesta viendo la impronta de Claudio González”, agregó.
La querella del INDH que llevó a la oposición a pedir la salida de Contreras
Según información de Ciper, en el marco de la investigación por las interceptaciones telefónicas de funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) al periodista Mauricio Weibel y a militares que denunciaron corrupción en su institución, en abril de 2023 la Fiscalía Metropolitana Centro Norte incautó el teléfono móvil del exmagistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete. Al analizar las comunicaciones registradas en el aparato, se accedió a diálogos por mensajería que dan cuenta de gestiones de Poblete con figuras del mundo de los tribunales y la política para favorecer ciertas candidaturas de cargos en el Poder Judicial.
El INDH decidió querellarse por un presunto tráfico de influencias, luego de recibir un informe de la PDI -elaborado en función del caso de espionaje del Ejército, en el que son querellantes- que daba cuenta de gestiones que habría realizado el exjuez Poblete, vía el exministro Mario Desbordes, para supuestamente promover la llegada de la ministra María Teresa Letelier a la Corte Suprema.
Mario Desbordes, militante de Renovación Nacional y aspirante de Chile Vamos a alcalde de Santiago, acusó fines políticos en la acción del INDH y se querelló en contra de sus consejeros por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Por otro lado, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogió un recurso de reposición del abogado Agustín Martínez Costa, en representación del exministro de Defensa, y declaró inadmisible la querella por tráfico de influencias que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto, al evaluar que la Ley 20.405, que regula al INDH, le otorga al organismo legitimación activa para deducir querella solamente por los delitos allí establecidos, entre los que no se encuentra el ilícito por el que la entidad realizó su presentación.
El juzgado señaló que los hechos expuestos en la querella revisten carácter de delito y dispuso que esos antecedentes fueran remitidos como denuncia al Ministerio Público.
El consejo del organismo aprobó la presentación de la querella -con siete votos a favor y cuatro abstenciones- pese a los reparos que presentaron alguno de los integrantes. Frente a esto, la Cámara de Diputados aprobó elevar una solicitud a la Corte Suprema, promovida por legisladores de oposición, para que proceda a a remover del organismo a la directora Consuelo Contreras y al consejero Francisco Ugás. La oposición, en el documento en que se pidió el acuerdo de la Cámara Baja para pedir al máximo tribunal que destituya a Contreras y Ugás, expuso que su participación fue “fundamental” en ese debate.
