Contralor denuncia eventual eliminación de documentos de sumario a Carabineros

Fue por medio de la resolución 1.782 de 2010 que Contraloría instruyó la realización de un sumario al Departamento de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros. Lo que se buscaba indagar era el pago "indebido de remuneraciones de ocurrencia reiterada". En ese entonces, el contralor era Ramiro Mendoza y hoy, a ocho años de este acto administrativo, se indaga por qué esta investigación no se realizó y qué pasó con el decreto que dejaba sin efecto esta instrucción.

La situación actualmente es parte del sumario interno de Contraloría, cuyos antecedentes fueron remitidos el 20 de agosto al fiscal que investiga el fraude en Carabineros, Eugenio Campos. El jueves pasado, el persecutor recibió un nuevo insumo para sus pesquisas, pues el propio contralor Jorge Bermúdez presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la eventual destrucción de los documentos del sumario de 2010.

Así lo aseguraron distintas fuentes del ente contralor, quienes aseguraron que Bermúdez denunció la presunta eliminación de parte de estos documentos, entre los que se encuentran la resolución que lo inició, el expediente y la resolución que lo dejó sin efecto.

Las pesquisas internas para aclarar qué pasó con el fallido sumario a Carabineros comenzaron luego de que la abogada Loreto Valenzuela, quien era la fiscalizadora a cargo de las indagatorias internas en Contraloría, advirtiera la existencia de esta gestión.

En los antecedentes recabados en el sumario del ente contralor (el cual aún está en curso), según las fuentes consultadas, se detectó que si bien se evacuó la resolución, esta quedó sin efecto y no se realizó. Lo único que se sabe es que habría sido anulada mediante un escrito hecho a mano.

Es por eso que la abogada denunció la situación al fiscal Campos y también renunció a la jefatura del sumario ante eventuales incompatibilidades para hacer la investigación, por la posibilidad de que algunos de sus superiores puedan aparecer mencionados en la indagatoria.

De esta manera, el fiscal Campos inició una ronda de declaraciones de funcionarios y exfiscalizadores de Contraloría para esclarecer por qué el sumario no se hizo, y por qué no existe registro de su anulación.

Para establecer por qué este sumario no llegó a puerto es que tanto Contraloría como el Ministerio Público investigan una reunión en que participaron el excontralor Ramiro Mendoza y el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon.

Para ahondar en este punto es que a fines de la semana pasada el ente contralor hizo llegar al fiscal Campos la agenda de reuniones del excontralor Mendoza, donde se detalla cada una de las citas de trabajo del abogado con distintas autoridades de la época. Es precisamente en ese listado donde la Contraloría le hace llegar a Campos la fecha y hora de la reunión entre Mendoza y Gordon, la cual tuvo lugar el 14 de junio de 2010, a las 18.00.

Según distintas fuentes consultadas, esta información fue remitida a la fiscalía por una solicitud del propio persecutor. Agregaron que era un antecedente público, que debería estar en la página web de la Contraloría. Sin embargo, actualmente no se encuentra disponible para el acceso público por la data de tiempo transcurrido.

Consultada la Contraloría por la denuncia del contralor Bermúdez, manifestaron que se trata de una investigación sumaria en curso y que sus antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Ramiro Mendoza también declinó referirse al caso.

En tanto, ayer el contralor remitió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, un oficio donde explicaba por qué no entregó antecedentes del fallido sumario de 2010 a la comisión investigadora del fraude en Carabineros.

Bermúdez señaló que en ese entonces no tenía conocimiento de la existencia de la resolución que iniciaba la indagatoria. Además, señaló que esto "no fue remitido ni puesto en conocimiento del suscrito por las unidades y jefaturas pertinentes de esta Contraloría".

Señaló, además, que no fue posible encontrar los antecedentes del sumario, situación que se indaga internamente y, además, denunció a la fiscalía, puesto que estos hechos "podrían revestir caracteres de delitos".

Quien presidiera la comisión del fraude, el diputado Leonardo Soto (PS), señaló que "según nos dice el propio señor contralor, esta información no fue entregada o fue ocultada por las unidades y jefaturas y pertinentes de esta Contraloría. Aquí hay indicios claros de que hubo y habría una red de protección para los carabineros que cometieron delitos".