La tarde de este lunes Contraloría emitió su pronunciamiento frente a la serie de reuniones que sostuvieron distintos ministros del gabinete del Presidente Gabriel Boric en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett, concluyendo que, a la luz de la normativa vigente, no hay omisiones respecto de la Ley de Lobby.
“A la luz de lo sostenido en los precitados dictámenes, referidos a situaciones de similar naturaleza, y teniendo presente el principio de certeza jurídica, no resulta posible observar las omisiones de registro que se reclaman en base a una interpretación administrativa distinta a la aplicada en la jurisprudencia obligatoria que esta Entidad de Control mantenía vigente para toda la Administración al momento de la ocurrencia de tales hechos”, se lee en la respuesta emanada desde el organismo ante oficios remitidos por los diputados Francisco Pulgar y Rubén Oyarzo.
De todas maneras, desde entidad hicieron presente que, como se observaron elementos que darían cuenta que dichas reuniones sí podrían constituir lobby, dispusieron nuevas medidas tendientes a “perfeccionar los criterios jurisprudenciales de esta Contraloría en la materia, emitiendo instrucciones destinadas a los organismos y servicios públicos de la Administración del Estado y a otras entidades sujetas a su control, sobre aspectos centrales del cumplimiento de dicha ley”.
Por medio de dicha resolución, se dio un plazo de 30 días hábiles a los diferentes servicios para que incluyan a sus respectivas jefaturas de división, departamento, oficina o unidad como sujetos pasivos, mediante una resolución fundada, para que publiquen las audiencias y reuniones a las que asistan y tengan por objeto el lobby; también los viajes, y donativos oficiales, protocolares, y aquellos que sean manifestaciones de cortesía.
Asimismo, se indican las actividades que constituyen lobby y se destaca que si bien hasta ahora los registros dependían de la interpretación del funcionario, ahora “el sujeto pasivo deberá tener presentes los principios de probidad y transparencia, por lo que, salvo exclusiones del artículo 6° de la ley, deberán publicar siempre las audiencias o reuniones concertadas que sostengan y a que asistan con personas que figuren en el registro público de lobbistas o gestores de intereses particulares”.
Junto con ello, Contraloría aclaró que la norma no distingue el lugar ni hora en la que se efectúen los encuentros, y tanto, salvo las excepciones, instruyó a que se registren todas las audiencias o reuniones concertadas “que se desarrollen tanto en dependencias públicas o privadas; aquellas que se den dentro o fuera de la jornada laboral de los sujetos pasivos; y aquellas presenciales o por videoconferencia”.
Podrían ser lobby
Considerando las respuestas que entregaron los ministros y ministras del Interior, Relaciones Exteriores, Economía, del Trabajo, Agricultura y de Medio Ambiente, Contraloría expuso que había elementos para considerar que las reuniones constituían lobby.
Esto, a pesar de que todos los secretarios de Estado hicieron hincapié en que ahí no hubo negociaciones y que solo se trataron de exposiciones sobre materias que abordan sus respectivas carteras.
“Luego del análisis efectuado, esta Contraloría General advierte que se configuran algunas de las exigencias legales y reglamentarias para considerar que las citadas actividades constituirían lobby, en tanto se desarrollaron a instancias de una persona que figura registrada como sujeto activo, con la participación de autoridades que poseen el carácter de sujetos pasivos y, además, se abordaron temas propios de las respectivas Secretarías de Estado”, manifestaron.
Sin embargo, se descartaron irregularidades u omisiones porque “a la fecha, no consta que en tales reuniones se hubieren requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5° de la Ley de Lobby, como lo exige la ley y la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General ya reseñada”.
Cabe hacer presente que el mencionado artículo 5° es el que indica que deben registrarse todas las actividades destinadas a obtener una “elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes, la celebración, modificación o terminación de contratos, o bien, el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programa”.
Y añade, asimismo, que dentro de las actividades reguladas, también están comprendidas aquellas destinadas a que no se adopten decisiones y actos.
Pese a ello, por instrucción del Presidente Boric -y luego de una serie de cuestionamientos- los seis ministros involucrados en las citas con Zalaquett decidieron registrar las mencionadas reuniones.
