La situción judicial de la diputada Catalina Pérez podría cambiar el próximo lunes 7 de abril, fecha en que la Corte Suprema realizará la audiencia de desafuero en contra de la exfrenteamplista involucrada en el caso Democracia Viva. El Ministerio Público la acusa de “dirigir” la organización que obtuvo un convenio de más de $400 millones visado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en ese entonces, dirigida por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria.
Pérez acudió al máximo tribunal tras el fracaso que obtuvo ante la Corte de Apelaciones en su intento por revertir su inminente desafuero, que en el caso de confirmarse en abril, la fiscalía podrá formalizar y solicitar cautelares en contra de la diputada.
El falló que determinó el desafuero apunta a las responsabilidades de Pérez, entre ellas, que “participó en la recolección de antecedentes necesarios para su realización, sabiendo que la fundación no reunía los requisitos básicos para ser beneficiada”.
De todas formas, la defensa argumentó que la resolución “no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas”.
“Quiero reiterar que la fiscalía cuenta con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats. En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforar”, afirmó el abogado de Pérez.
Los alegatos de la diputada serán escuchados por los supremos a las 14.00 horas del 7 de abril, y con la decisión de la Corte, la parlamentaria podría pasar al banquillo de los acusados.
En medio del proceso judicial, se han revelado más antecedentes que comprometen a Pérez con la trama de irregularidades que tiene como protagonista a su expareja, Daniel Andrade. Justamente, su vínculo con el fundador de Democracia Viva ha sido objeto de indagatorias por parte del Ministerio Público. Pese a que ella defiende su inocencia y en un principio negó tener conocimiento sobre el convenio, T13 dio a conocer múltilples conversaciones que indicarían que estaba al tanto de las gestiones con la repartición de Vivienda.
En los chats que publicó el medio citado, la congresista entrega ideas a Andrade para poner en marcha una serie de acciones que eviten una crisis comunicacional una vez que Timeline dio a conocer las irregularidades. Pérez propone que al domicilio de la fundación “llevarán papeles para que parezca un lugar de trabajo”.
Además de esto, en las conversaciones más recientes develadas por La Tercera, la parlamentaria conversó con Andrade sobre las gestiones que está realizando para frenar el conocimiento del caso: “Estamos tratando de bajar una nota de T13 ahora. Volvimos al estado de emergencia por aquí”.
