Este jueves, la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, junto con el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, abordaron la crisis educacional que enfrenta la Región de Atacama.
Desde el frontis de la gobernación provincial de dicha región, ambas autoridades manifestaron su intranquilidad por el retraso del año escolar, el número de niños que no asisten a clases y la falta de acceso a la educación por “temas de matrículas”.
“La preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos es tan alta que por primera vez estamos las dos instituciones autónomas de derechos humanos en esta región, primera vez que hacemos una actividad juntos, el INDH y la Defensoría Nacional de la Niñez”, comenzó diciendo Contreras.
En ese sentido, explicó que en noviembre del año pasado el INDH visitó la región y que ahora se encuentra en el lugar para ver si hay avances. “Estamos muy preocupados, vemos un avance lento en la materia (...) No vemos cambios significativos en relación a la visita realizada el año pasado y en esta visita, vemos que la situación de falta de asistencia de los niños a las escuelas es la misma”.
“Como lo dije la vez anterior, son más de 30 mil niños, niñas y adolescentes que no están asistiendo a la escuela y eso marca una cuota de desigualdad superior a cualquier otra región del país. Creo que este es un problema nacional, también hay problemas en otras regiones, pero aquí es donde está más agudo. Llamamos a las autoridades a poder resolver los problemas lo antes posible”, añadió la directora del INDH, puntualizando que “hay más de un 50% de ausentismo escolar en la región”, siendo este “el más alto”.
Por su parte, el defensor de la Niñez sostuvo que el problema más grave que hay en los establecimientos de Atacama es la falta de acceso a la educación “por temas de matrícula”.
En ese sentido, enfatizó en que “vemos con preocupación la situación en la región, no solamente por el retraso en el inicio del año escolar, donde también había un propio reconocimiento del Ministerio de Educación, sino que también en la forma en que se están implementando medidas de mediano y largo plazo para efectos de poder generar no solamente condiciones mínimas para que niños y niñas puedan estudiar”.
“Hay situaciones que son urgentes y que por lo tanto deben ser resueltas con sentido de urgencia porque los niños, niñas y adolescentes experimentan particularmente en la región un rezago escolar importante, donde se requiere justamente actuar con prolijidad y con sentido de urgencia para restablecer y garantizar este derecho a la educación y con lo demás es un derecho que por ley el Estado está obligado a garantizar”, añadió Quesille.
Plazo de cuatro a seis meses para que SLEP atacameño solucione problemas
Por otro lado, este miércoles la Corte de Apelaciones de Copiapó fijó de cuatro a seis meses como plazo para que el SLEP atacameño de solución a las falencias sanitarias y de infraestructura de los establecimientos de la zona.
Esto luego de que el INDH presentara un recurso durante las movilizaciones que se vivieron en la región hasta noviembre del año pasado.
Bajo ese marco, Contreras señaló que “desde el INDH, hay dos cuestiones que parecen sustantivas del fallo de la Corte de Apelaciones. En primer lugar, que se basa en los estándares de derechos humanos. Es decir, los tratados de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes”, indicó.
En ese sentido, añadió que el fallo “obliga a las autoridades de educación a resolver los problemas en un período perentorio. Los fallos de los tribunales se cumplen y esperamos que así sea. Vamos a estar observando porque este es un fallo muy importante para la vida de los niños, niñas y adolescentes de esta región. Sin educación, los riesgos de poder tener igualdad de oportunidades son muy altos. El fallo debe cumplirse en su totalidad por las autoridades”.
