Un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) reveló brechas en la inversión destinada a seguridad pública por parte de los municipios del país. El informe refleja el número de funcionarios dedicados a la seguridad, donde a nivel nacional el promedio de dotación es de 29 personas por municipio, pero la cifra varía según el tipo de comuna.

El informe de la Amuch, basado en la recopilación de datos de 296 comunas de todo el país -equivalente al 85,8% del total de municipalidades- clasifica a las comunas en cinco tipos según la tipología del Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere): grandes comunas metropolitanas con alto y medio desarrollo; comunas mayores con desarrollo medio; comunas urbanas medianas con desarrollo medio; y comunas semiurbanas y rurales, divididas en desarrollo medio o bajo.

Así, en grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio desarrollo el número promedio asciende a 90 funcionarios, mientras que en comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo, como San Juan de la Costa o Chaitén, apenas se disponen de 6 personas en promedio dedicadas a labores de seguridad. Las cinco comunas con más inspectores municipales de Chile según el informe son Las Condes (130), Vitacura (120), Maipú (80), Santiago (62) y Ñuñoa (60). Por el otro lado, hay municipios con solo uno, con Calle Larga, La Estrella y Treguaco com ejemplos.

Además, el reporte dice que el 50% de las municipalidades invierte menos de $ 3.283 anuales por habitante, muy por debajo de lo que, dicen, es necesario para enfrentar el desafío delictual.

Y es que este monto es incluso menor del promedio nacional de $ 5.515 al año por habitante, y la diferencia entre comunas más desarrolladas y aquellas con menos recursos se hace evidente al analizar cada grupo.

A nivel de inversión, las grandes comunas metropolitanas, como Santiago y Providencia, destinan un promedio de $ 7.831 anual por habitante, mientras que las comunas rurales de menor desarrollo, como Lago Verde y Colchane, llegan a invertir $ 4.846 al año per cápita.

Estas cifras se dan a conocer justo en el contexto de que hace algunas semanas se llevó a cabo la comisión mixta encargada de analizar el proyecto de ley que justamente busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. En la sesión participaron la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, y el vicepresidente de Amuch, William Arévalo, alcalde de Santa Cruz.

Ambos líderes comunales dieron cuenta de la importancia de mejorar las herramientas y capacidades de los municipios para enfrentar la creciente demanda de seguridad en sus territorios, así como la necesidad de establecer un marco legal que permita un enfoque preventivo más eficaz y coordinado a nivel local, que considere la realidad y diversidad de las comunas del país.

En cuanto a vehículos destinados a la seguridad, las diferencias también persisten. A nivel nacional el promedio es de cinco vehículos por municipio. Sin embargo, las grandes comunas metropolitanas tienen un promedio de 15 vehículos asignados, facilitando un mayor despliegue de personal y rondas preventivas.

Por otro lado, las comunas mayores con desarrollo medio, como Curicó y Los Ángeles, tienen 7 vehículos en promedio, mientras que en comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo, como Lago Ranco y Río Verde, disponen de 2 vehículos.

Esta disparidad, dice el informe, limita la capacidad de estos dos tipos de comunas para cubrir grandes extensiones y mantener una presencia constante en el territorio. La preocupación por los últimos hechos delictivos presenciados en el país desde hace algunas semana puso en el tapete que la crisis de seguridad también afecta a las comunas periféricas -el ejemplo de Lampa es cercano-, donde se ha comenzado a verificar que las bandas delictivas instalan centros operacionales.

La desigualdad en infraestructura tecnológica es aún más extensa cuando se analizan las cámaras de televigilancia operativas. El estudio indica que las grandes comunas metropolitanas cuentan con un promedio de 271 cámaras por municipio, cifra que se compara con el promedio nacional de 103 cámaras.

Sin embargo, en las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo, como Freire y Tortel, el promedio se reduce a solo 34 cámaras.

El estudio también revela disparidades significativas en los presupuestos totales destinados a seguridad pública, donde comunas metropolitanas tienen un presupuesto hasta 12 veces mayores que las comunas rurales.

Mientras que las primeras cuentan con presupuestos promedio de $ 1.014 millones, las comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo apenas disponen de $ 85 millones. Las comunas mayores con desarrollo medio manejan presupuestos de $ 676 millones, y las comunas urbanas medianas operan con $ 191 millones en promedio.

En sus conclusiones el documento afirma que “actualmente no existe una estructura estandarizada que defina las dotaciones mínimas necesarias para una gestión efectiva de la seguridad en función de características demográficas, territoriales, dinámica delictual y económicas”.

El director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, advierte que las brechas en la inversión en seguridad pública entre las municipalidades de Chile perpetúan la desigualdad en los territorios más vulnerables. “Las comunas con menos recursos invierten significativamente menos por habitante en seguridad, lo que afecta su capacidad de enfrentar el desafío delictual de manera efectiva”, señala.

Además, destaca la necesidad “urgente” de contar con un marco legal que estandarice las dotaciones mínimas necesarias: “Actualmente no existe una estructura que garantice una gestión efectiva de la seguridad, y eso limita gravemente la respuesta de las comunas más desfavorecidas”.