¿Cuánto le cuesta al Estado un concurso por Alta Dirección Pública?

“La autoridad facultada informa al Servicio Civil que ha decidido nombrar a Isabel Margarita Amor Alfaro en el cargo de la nómina de candidatos enviada”. Así reza la resolución del concurso de Alta Dirección Pública (ADP) dada a conocer el pasado 9 de julio de 2024 tras el proceso de postulación realizado por la abogada y socióloga para el cargo de directora regional de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos.

La hoy exautoridad ha estado en el centro de la polémica luego de que fuese removida de su cargo la semana pasada, solo dos días después de haberlo asumido. De acuerdo al servicio, la revocación del nombramiento ocurrió por “pérdida de confianza”, desatando una serie de críticas y advertencias sobre lo mal que podría hacerle al sistema hechos como éste. Sobre todo considerando los dineros que gasta el Estado en la búsqueda de cargos a través de ADP, que en este caso se fueron al tacho de la basura, literalmente, en 48 horas.

De reojo se mira que la postulación de Amor duró casi cuatro meses desde el proceso de inicio de convocatoria, el 10 de marzo, hasta la designación del 9 de julio de este año. Durante el proceso, la abogada postuló junto a otros 134 personas, de las cuales solo 128 cumplieron con los requisitos legales. Luego de un análisis curricular sólo 31 pasaron a la evaluación directiva o de competencias, de los cuales el comité definió entrevistar a siete candidatos. De ellos salió una nómina -que integraba Amor- que fue enviada el 28 de junio a la autoridad que había pedido el concurso.

En ese sentido, La Tercera revisó los datos entregados por el Consejo de Alta Dirección Pública en mayo de este año al Congreso -los más actualizados a la fecha- para entender las cifras y costos asociados a los concursos como el del que participó Amor. Y en ese documento se detalla que durante 2023 se efectuaron 503 convocatorias, 72 de ellas destinadas a proveer cargos de primer nivel (jefaturas de servicio, direcciones de servicios, entre otros) y 431 cargos de segundo nivel (jefaturas regionales, divisiones técnicas y otros), tanto adscritos como no adscritos.

El promedio general de postulaciones fue de 123 por concurso. Y del total de postulaciones a cargos de primer nivel jerárquico, el 69,6% fue realizada por hombres y el 30,4% por mujeres.

En cuanto a los egresos (salidas) de los postulantes de los cargos, durante ese periodo se registraron 205 -11 de primer nivel y 194 de segundo- de los cuales 54 fueron de carácter voluntario, 106 no voluntarios como el caso de Amor, 37 a quienes no fueron renovados en sus cargos al cumplir uno o dos períodos de nombramiento y dos a personas que cumplieron su período. En cinco de estos casos los respectivos ministerios y servicios no habían informado los motivos de los egresos al cierre del presente informe.

El informe detalla que en 2023 concluyeron 561 concursos -el año pasado se abrieron 503- puesto que se sumó el arrastre de las convocatorias que quedaron de 2022 y no lograron finalizarse. Como sea, para desarrollar cada concurso, el servicio destinó en promedio $ 8,6 millones, con cifras promedio que van desde los $ 11,3 millones en el caso de primeros niveles adscritos; $ 7,9 millones tratándose de segundos niveles adscritos; $ 13,5 millones y $ 7,2 millones para primeros y segundos niveles no adscritos, respectivamente.

Para el director nacional Servicio Civil, Felipe Melo, resulta razonable comparar los costos contra sí mismos en el pasado donde se observa que en las últimas administraciones “se ha logrado sistemáticamente disminuir los costos y hemos mejorado, aunque esa situación tiene un techo, porque la seriedad de cada concurso implica invertir en él equipos especializados en la materia que deben realizar análisis curriculares, entrevistas y evaluaciones de alto nivel”.

Asimismo, destaca y defiende el sistema, pues este “le entrega legitimidad a la gobernanza democrática de las instituciones públicas del país, y en ese sentido lo cierto es que hay que poner en valor lo que vale que la ciudadanía confíe en que el proceso logra seleccionar a las personas más idóneas para los cargos”.

Desde el servicio señalan que a través de una licitación pública el sistema hoy cuenta con un total de 32 consultoras expertas en reclutamiento, evaluación y búsqueda especializada que realizan los procesos de evaluación y selección de los candidatos a los cargos de ADP de todo el país.

En total, el presupuesto de la Dirección Nacional del Servicio Civil -de acuerdo con la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año presupuestario 2023- fue de $ 15.794 millones de pesos y la ejecución presupuestaria en 2023 llegó al 99,5%.

Durante ese periodo se nombraron a los titulares de 484 cargos, 420 adscritos -56 de primer nivel y 364 de segundo- y 64 no adscritos, de los cuales 40 son de primer nivel y 24 de segundo. Aunque el 16,6% de los concursos concluidos durante el año fue declarado desierto y en el 3,7% de los casos, al concluir el año, se encontraba pendiente el pronunciamiento de la autoridad.

Melo también defiende el sistema: “Hace y seguirá haciendo una contribución muy sustantiva a la profesionalización del servicio público en nuestro país”. Y suma: “Si uno compara con otros países, tanto en Latinoamérica, pero también en países desarrollados, Chile destaca por haber acordado un sistema de nombramiento de sus autoridades de servicios públicos que da garantías a personas de distintas miradas sobre que quienes son nombrados tienen la idoneidad para el ejercicio de los cargos. En ausencia del sistema de ADP, lo que hay es absoluta discrecionalidad”, cierra.