La magistrada del 3° Juzgado de Garantía De Santiago, Pamela Muñoz, confirmó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego de escuchar la presentación que hizo la defensa del jefe comunal en la audiencia de revisión de medidas cautelares que se desarrolló este lunes en el Centro de Justicia.

“Creemos a esta altura que al menos los supuestos materiales no han desaparecido del todo, pero sí se han atenuado, se han decolorado”, afirmó el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor de Jadue, con la finalidad de revertir la privación de libertad fijada el 3 de junio para el alcalde de Recoleta: buscaba sustituir su medida cautelar por una menos gravosa, a 10 días de que Jadue deba ser cesado en el cargo por no poder presentarse en el municipio.

Esto porque, de acuerdo a la legislación, completándose 45 días sin que pueda dar cumplimiento a sus funciones, el 18 de julio el cargo de Jadue debería declararse vacante.

No obstante los planteamientos de los abogados del alcalde, la jueza Muñoz dijo otra cosa: “Las alegaciones que hace alusión la defensa, no dice relación con nuevos antecedentes (…) son simples análisis interpretativos de la defensa”, fue parte del argumento que la magistrada dio al hacer pública su decisión. Y añadió: “Su libertad es un peligro para la sociedad”.

Muñoz protagonizó varios cruces con el equipo jurídico del jefe comunal y de entrada rechazó la petición de que el tribunal reprogramara la audiencia.

“No podemos dar preferencia por ser una persona conocida”, planteó la jueza, ante la insistencia de los abogados de Jadue.

La instancia se desarrolló coincidentemente en una jornada en que el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a la campaña internacional que impulsa el Partido Comunista para que Jadue recupere su libertad. Desde el gobierno, la ministra Camila Vallejo, vocera del Ejecutivo y militante del PC, se refirió al planteamiento del Mandatario colombiano manifestando que los cambios a la jurisprudencia no los definen “autoridades de otros países”.

Consultado al respecto tras la audiencia, el fiscal de la Fiscalía Centro Norte Marcelo Cabrera rechazó las acusaciones de persecución política al alcalde.

“Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, aquí no hay ninguna confabulación o argumentación de carácter político. Lo que hace la Fiscalía más bien son presentaciones de carácter técnico y argumentaciones a propósito de los antecedentes que existen. Uno pide medidas cautelares, que en este caso es la prisión preventiva. Pero las consecuencias que se sigan de ahí, en torno a si con eso calculamos o especulamos que pueda traducirse en que el alcalde deje de su cargo, no es un cálculo que nosotros hagamos. Eso está fuera de nuestra lógica de actuación”, enfatizó el persecutor.