Pese a que evitó a la prensa al salir de Capitán Yáber, desde el automóvil que lo trasladaría a su domicilio, el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue manifestó durante una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram sus primeras impresiones luego que revocaran su prisión preventiva la tarde de este lunes.
“Por fin se restableció el derecho. Estoy muy contento con este fallo, porque este fallo no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación. Ahora a demostrar mi inocencia y solo lamentar todo el maltrato de quienes se han ufanado y han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano”, expresó.
Por su parte, su pareja, la abogada brasileña Anjuli Tostes, que lo esperaba a la salida, se mostró emocionada y valoró la decisión del tribunal.
“Daniel Jadue es inocente. Hoy avanzamos un poco más hacia la justicia. Vamos a seguir en lucha”, dijo.
El 3 de junio, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva al entonces todavía jefe comunal. La jueza Paulina Moya consideró que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad.
Jadue arriesga una pena de 15 años de cárcel.
La Fiscalía Centro Norte lo formalizó como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal.
Este lunes, la jueza del mismo tribunal Paula Brito acogió la solicitud de su defensa y reemplazó la medida cautelar de prisión preventiva por las de arresto domiciliario total, prohibición de contacto con coimputados y arraigo nacional.
Según el ente persecutor, entre 2020 y 2022, Jadue en calidad de presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) y alcalde de la Municipalidad de Recoleta, concertado con los imputados Raúl Daniel Moraga Lagarrigue y José Matías Muñoz Becerra, en calidad de secretarios ejecutivos de la Achifarp, habrían realizado una serie de actuaciones ejerciendo abusivamente sus facultades y actuando sin autorización ni conocimiento del directorio ni del resto de los socios, provocaron un aumento de su pasivo, morosidad y falta de liquidez.
Según la acusación, esas acciones derivaron en un perjuicio patrimonial a la Achifarp, que implicó que se siguiera un proceso de liquidación forzosa en su contra, seguido ante el 4° Juzgado Civil de Santiago, procedimiento concursal que determinó un total de pasivo reconocido de $1.291.937.035 en perjuicio de diversos acreedores.
