Fue durante la tarde del viernes 2 de agosto que la abogada Daniela Quintanilla, otrora jefa de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, recibió un importante llamado. Era el Presidente Gabriel Boric, quien le encomendó una nueva misión al interior del gobierno.
Es que tras acoger la renuncia de Xavier Altamirano a la cabeza de la mencionada repartición dependiente del Ministerio de Justicia, el Mandatario le pidió que tomara el mando.
La noticia, como sincera Quintanilla en esta primera entrevista, la tomó por sorpresa. De hecho, en el momento en que su celular comenzó a sonar, ella alistaba sus cosas para salir de la oficina, pues ya había culminado su jornada laboral.
Pero aunque no había sido sondeada para el puesto con anterioridad, la abogada no dudó en aceptar el desafío y a una semana de haber asumido ya delineó sus prioridades.
¿Cómo recibió esta designación?
Yo trabajo en esta institución desde hace varios años. Llegué en el primer equipo de instalación, por lo que he cumplido distintos roles. Hasta el viernes que recibí la llamada del Presidente, la verdad es que no había tenido ninguna noticia. Pero por supuesto que recibí el llamado con mucha alegría y asumiendo el desafío con mucha responsabilidad. Ha sido una semana intensa, pero bueno, yo conozco bien los equipos, nuestra misión institucional y la verdad es que llego a asumir un rol con un tren que ya está andando.
Llega al cargo tras la salida de Xavier Altamirano, la cual se produjo en medio de reproches de funcionarios. ¿Cómo asume la disconformidad que ellos hicieron saber al ministro, al Presidente Boric y también a la ciudadanía?
En todos los equipos de trabajo a veces hay tensiones, dificultades, sobre todo cuando uno trabaja en temáticas de derechos humanos. Cuando uno se dedica a estos temas, está sometido de manera bien permanente a tensiones, frustraciones y a muchos dolores también, y es muy importante mantener lógicas de autocuidado entre los equipos. Yo la verdad es que en este nuevo rol, siento la responsabilidad de ponerme a disposición de los equipos para que las cosas puedan avanzar.
En la Subsecretaría, en general, se desempeñan funcionarios de carrera que llevan años y que tienen un fuerte compromiso con nuestra misión institucional, y yo, al menos, percibo muchísima disposición a dar continuidad a nuestro trabajo.
A usted le tocó trabajar con Javier Altamirano. ¿Compartía los reproches que se le hacían?
Yo creo que todos quienes ejercemos algún rol de autoridad o de jefatura, ponemos todo nuestro compromiso al servicio de nuestra tarea y de nuestra institución. Creo que tanto el subsecretario Altamirano como la subsecretaria Haydée Oberreuter pusieron todo su trabajo a disposición, como también yo lo voy a hacer y como eventualmente lo harán las personas que me sucedan. Uno cuando es autoridad sabe que está a disposición del Presidente.
¿No compartía los cuestionamientos?
La verdad es que mi foco está más bien puesto hacia el futuro, en consolidar los aprendizajes que hemos tenido en el camino. Y cuando digo consolidar los aprendizajes me refiero a desde el 2017, que nos instalamos, hasta ahora. Prefiero enfocarme en lo que viene hacia adelante más que en lo que ha pasado.
¿Se ha reunido con los funcionarios para calmar ciertas inquietudes? ¿Cómo enfrenta ese desafío?
Sí, por supuesto. Mi primera necesidad era reunirme con equipos de las otras divisiones y de los otros programas donde yo no he trabajado activamente. He estado en este proceso, me reuní con el área jurídica, con la red social del programa, y estoy agendando reuniones con todos los equipos. Estoy haciendo el diagnóstico de cómo están, qué necesidades tienen y cómo yo puedo colaborar a fortalecer los equipos, porque, en la administración pública, en general, siempre hay déficit de manos.
¿Cuáles son las ideas y los principales lineamientos con los que llega?
Tenemos 3 dimensiones de trabajo que abordar. Primero, el foco en las políticas públicas que están a cargo de la Subsecretaría, donde el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia es una prioridad fundamental. Tenemos también por delante la misión de cerrar la segunda versión de los planes nacionales, tanto el de Derechos Humanos como el de Derechos Humanos y Empresas, y comenzar el diseño y elaboración de las terceras versiones de estos instrumentos. Lo segundo, es la agenda legislativa. Por cierto, Colonia Dignidad es una dimensión de trabajo que es muy fundamental, y nosotros desde la Subsecretaría tenemos como misión llevar adelante un proceso participativo bien robusto, que pueda trabajar en paralelo al proceso expropiatorio del Minvu, con el diseño de un sitio de memoria.
Y como último foco bien prioritario, tenemos la tarea de definir una hoja de ruta para responder a las deudas sobre reparación integral de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en un amplio espectro, tanto aquellas de justicia transicional como de algunos otros episodios, como las adopciones irregulares, como los niños y niñas bajo custodia del Sename y del estallido social. Hay que responder no únicamente a través de la judicialización individual de los casos, sino que proponerle al país un avance estructural en esta materia y consolidar una forma de respuesta integral ante estas.
¿Se buscará dejar sentado un plan de respuesta integral ante casos que ocurran eventualmente en el futuro?
Sí. Hay que diseñar y poner a disposición de las autoridades una fórmula que permita responder a esto de manera estructural y así salir de la lógica episódica. Hemos recibido muchísimas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales sobre esto. Es importante tener estructuras que respondan de manera coherente a nuestras obligaciones internacionales en esta materia.
Víctimas del estallido han acusado abandono y a pesar de que el compromiso era un plan integral, eso no se ha concretado. Hubo muchos cuestionamientos por los indultos y luego por las pensiones de gracia y pareciera ser que el objetivo se diluyó. ¿Se mantiene la intención de sacar adelante esta idea?
Esto ha sido una preocupación del Presidente desde el inicio de su administración. Comenzamos en el 2022 una Mesa de Reparación Integral, donde desplegamos un intenso trabajo de contacto y de participación con las víctimas a nivel nacional. Pudimos tener un primer levantamiento diagnóstico que permitió fortalecer algunas respuestas que estábamos dando, que habíamos heredado de la administración anterior.
Pero, efectivamente, tuvimos ahí un revés presupuestario que nos hizo difícil el camino. Pero hoy día estamos trabajando en poder retomar el trabajo, en la dimensión de la articulación interinstitucional que permita poner a disposición de las víctimas la oferta estatal. Hay que acercar eso a las víctimas y darles acompañamiento en estos procesos. Es muy importante que las víctimas no estén solas, por lo que estamos trabajando bien intensamente para poder reconstituir este programa y poder darle continuidad a ese desafío.
¿Cómo espera recomponer lazos con las víctimas del estallido? Hay confianzas que se perdieron.
Esto es un gran desafío institucional y personal. La verdad es que en mi desarrollo profesional, siempre me he dedicado a esto, mi principal militancia ha sido siempre con los derechos humanos. He trabajado con víctimas, entiendo bien los impactos que tienen estos traumas en la vida de las personas. Y la reconstrucción de las confianzas pasa, sin duda, por la posibilidad de abrir espacios de diálogo honesto, horizontal y transparente.
¿Cuál es la agenda que se han trazado para definir cómo será el sitio de memoria en Colonia Dignidad?
Como ha dicho el Presidente, el tema de Colonia Dignidad es fundamental. Y ahí nuestro principal desafío es albergar en este futuro sitio de memoria un proceso de memorialización que represente la historia completa, con todas sus distintas aristas y donde coexistan los distintos grupos de víctimas. Para eso tenemos que constituir un espacio de participación y de escucha, donde todas esas voces tengan un espacio y donde podamos, como resultado, entregarle al país un diseño de sitio. No queda mucho tiempo de este gobierno y quisiéramos terminarlo con este diseño listo.
Y también estamos avanzando en el trabajo para proponerle al país una política nacional de sitios de memoria que permita tomar decisiones en esta materia de manera un poquito más ordenada.
Este mes se cumple un año desde que se puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cómo se ha avanzado?
A un año de la implementación, tenemos varios hitos. Se han conformado los equipos técnicos de investigación y búsqueda, lo que ha permitido una fuerte reactivación de las diligencias al terreno. Tenemos 47 sitios priorizados y en 17 de ellos hay diligencias actualmente. Se constituyó el Comité de seguimiento y participación, se han suscrito convenios de colaboración, por ejemplo, con el Poder Judicial para la digitalización de los procesos judiciales que tienen información relativa a las víctimas de desaparición forzada, lo que nos va a permitir un análisis y cruce de datos en la identificación de patrones criminales. Se ha conformado la mesa técnica de archivos públicos, y es primera vez que los servicios que tuvieron un rol preponderante en la administración del Estado en la dictadura se juntan y organizan con la tarea de identificar, acceder y tratar documentos de interés para los fines del plan. Tenemos ya 36.000 unidades documentales identificadas.
Estamos trabajando en la plataforma informática que utiliza la ciencia de datos e inteligencia artificial para tener mejores capacidades para el análisis, y pronto va a estar disponible para el público.
