Con el tono de voz suave y pausado que la caracteriza, la ministra Gloria Ana Chevesich -el 16 de septiembre pasado- se plantó en el centro del salón pleno de la Corte Suprema. Desde allí, y sin que se le moviera un músculo de su rostro, comunicó en rueda de prensa que se ampliaban los cargos del cuaderno de remoción de “la señora (Ángela) Vivanco”. La información sólo venía a confirmar una crisis profunda que tiene sumido al Poder Judicial y que llevó a la presentación, el lunes 23, de acusaciones constitucionales en contra de tres jueces del máximo tribunal, entre ellos la ministra Vivanco.
Pero hay una frase que resonó más que el resto. Chevesich, ese día, entregó los nombres de cuatro relatores de la Tercera Sala, a la cual pertenece la magistrada investigada, y cuyos testimonios -según ella misma leyó- llevaron al pleno a ampliar los cargos en contra de la ministra Vivanco.
“(En base a) las minutas que dan cuenta de los testimonios de los relatores señor Mella, señoras Ganzur, Velásquez y Escárate, y atendido el mérito de los antecedentes, se acuerda ampliar el presente cuaderno de remoción”, dijo ese día la exvocera de la Corte Suprema.
Junto a ello explicó que de dichas declaraciones se desprendieron “irregularidades” cometidas en la tramitación de ocho causas. Entre ellas, las más connotadas, la rebaja de la multa de la SVS al empresario Julio Ponce Lerou en el caso Cascadas, y la orden de pago de otra multa a la constructora Kodama, entre otros.
Las palabras de Chevesich rebotaron en el Palacio de Tribunales y encontraron eco en el primer piso en el que funciona la Corte de Apelaciones de Santiago. Una de las “irregularidades” declaradas por los relatores era que la ministra les pedía acelerar los proyectos de fallo, es decir, “sacar pronto” las redacciones de las sentencias que estaban haciendo esos auxiliares de justicia. La pregunta de jueces de primera instancia y de alzada que sobrevino fue: ¿Hasta cuándo los ministros de la Corte Suprema delegan la redacción de los fallos en sus relatores y no los confeccionan ellos como está descrito en el Código o como lo hacemos nosotros?
Cargas y responsabilidades
“¿Qué es un relator?”, se preguntarán quienes no están familiarizados con los alegatos en la Corte. Sus funciones, normadas por la ley, son estudiar los casos que llegan a la sala, en la audiencia hacer un resumen ante los magistrados de los recursos y la postura de todos los intervinientes previo a dar palabra a los abogados. También está “anotar el día de la vista de cada causa los nombres de los jueces que hubieren concurrido a ella”. Pero en el artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales (COT) en ninguna parte dice que deben redactar sentencias.
“Eso es más viejo que el hilo negro”, confidencia un supremo, y aunque no lo cuestiona, sí admite que “es opinable” si está bien que lo hagan. Esto, complementa, por lo que se le está cuestionando a Vivanco.
Cuando uno recurre al mismo cuerpo legal y lee cuáles son las obligaciones de los jueces, el articulo 85 plantea que una vez los magistrados votan (por acoger o rechazar un recurso) y se adopta un acuerdo, es uno de ellos quien debe confeccionar el fallo. “Obtenido este resultado, se redactará la resolución por el ministro que el tribunal señalare, el cual se ceñirá estrictamente a lo aceptado por la mayoría”, se lee en el COT.
Lo develado por los relatores en la causa Vivanco y que la propia Suprema le haya dado carácter de “irregular”, dice un magistrado de la Corte de San Miguel, “pone en aprietos a todas las salas del máximo tribunal; los ministros no hacen sus fallos, corrigen proyectos y luego firman”.
Una de las interrogantes es porqué los relatores no reclaman, y es que dichos auxiliares de justicia son jueces de carrera con rango de ministros y están a la espera de que sus jefes -los supremos- los pongan en terna para ser magistrados en las cortes de Apelaciones. Un círculo vicioso donde todos se necesitan.
Apuraba los proyectos
Un relator de otra sala, no de la Tercera que está hoy en el ojo del huracán por Vivanco y el presidente Sergio Muñoz, que están acusados constitucionalmente, sostiene que “en la Corte Suprema los ministros son sólo correctores de proyectos que nosotros realizamos”.
Agrega que, ahora, “de relatores pasamos a delatores”. Y es que una de las imputaciones de quienes declararon en contra de la jueza era que los apuraba para que entregaran los proyectos de fallos, algunos de los cuales fácilmente podían estar un año en manos de un relator debido a la sobrecarga de trabajo.
Y Vivanco, comentan sus cercanos, no era la única que realizaba solicitudes de “pronto despacho”, también lo hacía el titular de la sala, el ministro Muñoz. La magistrada, quien alista su defensa -y que pidió la nulidad de lo obrado en la Comisión de Ética por filtraciones-, contaría con cientos de envíos de cartas, incluidos a los cuatro relatores denunciantes, con reclamos por los retrasos.
Con todo, aseguran en el Palacio emplazado frente al Congreso de Santiago, el caso Vivanco llevará la cultura judicial a juicio.
Uno de los propósitos de la defensa es dejar al descubierto que lo que pasaba en la Tercera Sala pasó en el resto, incluso en la Cuarta, que en el pasado integraron los hoy llamados “verdugos” de la magistrada: la Comisión de Ética en pleno, Ricardo Blanco, Andrea Muñoz y la propia Chevesich.
