En diálogo con la prensa en La Moneda la mañana de este martes, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) sostuvo que no hubo acuerdo con el Ejecutivo en torno al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.
Durante la tarde, en el Senado se desarrollará una sesión especial este martes para analizar el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto. Previo a esa votación, Agorechi se reunió con la ministra Carolina Tohá.
Los gobernadores apuntan que se debe fortalecer el rol de las autoridades electas en lugar de entregar atribuciones a figuras designadas por el gobierno central.
“No tenemos acuerdo con la ministra en esta materia. La ministra habla de colaborar, no de coordinar, y esto no tiene que ver con adjetivos, no tiene que ver con adjetivos más, con adjetivos menos. No hay acuerdo en esta materia. Creo que todos los gobernadores tenemos una opinión unánime que esta figura lo que hace es que debilita el proceso de descentralización”, sostuvo Mundaca.
La autoridad porteña dijo que saben “que el tiempo está completamente acotado”.
La molestia de los gobernadores apunta a la figura de un seremi que hará de enlace con el ministro de Seguridad. Las autoridades electas plantean que ello fortalece a las delegaciones presidenciales.
“Hemos planteado nuestra discrepancia con respecto a eso, porque en ese ámbito no ha habido coordinación con los gobernadores regionales, no hemos participado de esa discusión, y creemos que una definición de esa naturaleza lo que hace es fortalecer la centralización y no la descentralización. Porque además lo que se hace con la creación de un seremi de Seguridad Pública en el territorio, lo que hace es fortalecer también la figura del delegado regional presidencial y por ende también debilitar el proceso de descentralización”, argumentó Mundaca.
El gobernador señaló que se planteó al Ejecutivo “la necesidad de retomar la discusión para que los gobiernos regionales tengan una división de prevención del delito y atención a víctimas”.
“También hemos pedido que haya un buen trato con los gobernadores regionales. Somos autoridades electas democráticamente y nos merecemos un buen trato. Y ese buen trato significa efectivamente tomar en consideración a las autoridades que hemos sido electas democráticamente y que tenemos la legitimidad suficiente para poder pronunciarnos sobre todas las materias que afectan nuestros territorios”, afirmó.
