Decretan prisión preventiva en contra de siete médicos extranjeros imputados por emitir licencias falsas

Desde la mañana de este jueves se inició en el 14º Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización de cargos en contra de las 30 personas -24 de ellas médicos colombianos- involucradas en montar una organización dedicada a emitir licencias médicas fraudulentas.

Tras una maratónica jornada, de más de quince horas en las que el Ministerio Público expuso los hechos y solicitó que se les impusiera a los acusados la medida cautelar más gravosa que contempla el Código Procesal Penal, petición a la que adhirieron los abogados querellantes, aduciendo un grave perjuicio al sistema de salud nacional, el tribunal decretó pasadas las 2.00 horas de este viernes la prisión preventiva en contra de siete imputados, cuatro hombres y tres mujeres, por considerar la libertad de estas personas peligrosa para la seguridad de la sociedad.

Respecto a la situación de peligrosidad, el magistrado advirtió que se acreditaron –en esta etapa primigenia- “las características especiales de participación que estos imputados han tenido, por las formas en las que intervinieron en esta investigación, me refiero a lo que se investigó respecto de ellos en cuanto al desempeño de roles y actividades diferenciadoras de los restantes imputados, y resultaron en definitiva ser doctores desde el punto de vista que se limitaron a emitir las licencias médicas en cantidades importantes”.

En tanto, para otros 21 imputados, el juez de Garantía aplicó un criterio diferenciado de acuerdo con la participación de cada uno, imponiendo las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de poder emitir nuevas licencias médicas, estableciendo finalmente 120 de plazo para que el ente persecutor sustente su investigación.

Cabe indicar que durante la extensa audiencia, otras dos imputadas fueron dejadas en libertad, una de ellas con arresto domiciliario total y la otra con arraigo nacional, prohibición de comunicación con los imputados y firma mensual.

En el marco de la formalización, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -quien figura como querellante en la causa- amplió la querella contra 22 de los imputados por asociación ilícita. Además, a los ilícitos originales se sumó el delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes.

Los imputados fueron detenidos el martes por la Policía de Investigaciones (PDI), tras más de cinco meses de una investigación dirigida por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente. En el operativo se allanaron dos centros médicos y 32 inmuebles, todos ubicados en distintos puntos de la Región Metropolitana.

La investigación fue iniciada en junio de este año por la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra, quien trabajó junto a un equipo indagatorio encabezado por la fiscal Constanza Encina. Los análisis criminales y contables realizados en estos meses llevaron a la detención de los 29 profesionales facultativos investigados por irregularidades en la emisión de licencias médicas.

La fiscal Parra detalló que “en su mayoría se trata de médicos colombianos y la orden de detención se pide por varios delitos, como emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvención y asociación ilícita”.

En ese sentido, la cantidad de dinero por la cual habrían perjudicado al Fisco, a las isapres y al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se cifra en más de $700 mil millones.

“Entre agosto del año 2021 a julio de 2022, el perjuicio fiscal supera los 700 mil millones, que significa el 25% del presupuesto de Fonasa”, detalló en la audiencia el Ministerio Público.

Por su parte, el director general de la PDI, Sergio Muñoz informó el miércoles que “es una organización criminal, quizás no tan violenta, pero sí es una organización que está otorgando un perjuicio económico al patrimonio fiscal de más de 25 mil millones de pesos. Son 29 personas las que componían esta organización, principalmente extranjeros en el rubro de la salud, médicos que otorgaban licencias falsas que se ofrecían a través de internet, de redes sociales y de boca o boca”.

Según la información entregada por quien encabeza la policía civil, la cantidad de documentos emitidos por los médicos superan las 1.500 licencias anuales. “Eso se traduce a extender una licencia médica cada dos minutos, eso es lo que da esta luz de alerta a Fonasa, específicamente, quien denuncia estos hechos en un trabajo colaborativo, entre la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente y el Ministerio de Salud, a través de sus instituciones que intervienen directamente en este ámbito”, señaló Muñoz.

En tanto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que “para el ministerio esta es una acción muy importante y relevante como ustedes han escuchado. Este tipo de fraudes significan una merma en la capacidad del sistema de responder a las necesidades de salud de los beneficiarios, que en esta sola investigación se estima en 25 mil millones de pesos”.

“La Compin ha detectado estos grandes emisores que son personas que emiten más de un cierto número de licencias anuales, 1.500-1.600 licencias anuales, que son alrededor de 400 personas. Y ellos solos son responsables del 35% al 40% de todas las licencias médicas que se emiten. Todas estas personas están bajo la lupa para ver si efectivamente son beneficios sociales que las personas merecen o se está haciendo un fraude a los recursos públicos que son necesarios para atender las necesidades de salud de todos los chilenos”, cerró la titular de Salud.