En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este lunes la audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa de Luis Hermosilla buscando frenar el envío al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de chats que la Fiscalía Metropolitana Oriente detectó en el teléfono del abogado y que corresponden a conversaciones del otrora reputado profesional con funcionarios públicos.
El equipo que encabeza Juan Pablo Hermosilla, hermano del penalista en prisión preventiva por el llamado caso Audio, pidió a inicios de diciembre verificar las condiciones en que el Ministerio Público y el tribunal “están cautelando las garantías fundamentales” del imputado.
Juan Pablo Hermosilla acusó presuntas vulneraciones que fueron desestimadas por el tribunal.
Así, la defensa del penalista suma otro revés en la antesala de su reformalización fijada para el próximo lunes 13 de enero, por nuevos antecedentes recabados por el Ministerio Público en la indagatoria.
Hermosilla asistió por vía telemática
En modo telemático, Luis Hermosilla se hizo presente en la audiencia de este lunes, que presidió la jueza Cecilia Villanueva, la misma que en vísperas de Navidad decidió oficiar a Gendarmería por la ausencia presencial del imputado en la revisión de sus medidas cautelares.
El exasesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública permanece en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 27 de agosto de 2024, , tras su formalización por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.
¿Qué hay en los chats?
La entrega de mensajes de parte del Ministerio Público al CDE, según reveló Ciper, fue solicitada por este último organismo para evaluar la posible ocurrencia de delitos en los hechos del denominado caso Audio.
Se trataría de comunicaciones de Luis Hermosilla con 100 contactos, que corresponderían a una serie de funcionarios públicos que se relacionaron con el influyente abogado.
El traspaso de la información al CDE, sería clave en posibles acciones legales que podría tomar el organismo público ante la ocurrencia de presuntos delitos por parte de funcionarios públicos que se podrían desprender de sus contactos con el abogado.
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