Defensa de JP Matus frente a AC: “Ir contra otro poder del Estado o miembros de este (Poder Judicial) solo por desconfianza política en ellos, sin causa legal, es socavar las bases del Estado de Derecho democrático moderno”

Luego de que el pasado 23 de septiembre el diputado Eric Aedo (DC) presentara una acusación constitucional (AC) contra el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus por su vinculación con el penalista Luis Hermosilla y el caso Audio, acusándolo de “notable abandono de deberes”, además de “actos u omisiones que demuestran una intención torcida, descuido inexplicable, ineptitud sorprendente, omisiones no aceptables en el cumplimiento de los deberes inherentes a la función pública general”, el abogado del supremo, Luciano Fouillioux, ingresó su contestación a la Cámara.

En ella explica que “al ministro acusado desde luego lo conocía antes de esta AC, como todos los otros abogados, en el desarrollo de las temáticas del Derecho, en especial la del Derecho Penal y sus derivados. Sin embargo no tenía un trato personalizado ni directo, razón por la cual al estudiarle en sí mismo en sus distintos planos personales y profesionales, cruzando aquello con las imputaciones de esta AC, quedé ciertamente al menos sorprendido (por decirlo de un modo prudente y educado) por tamaña acción en su contra”.

En esa misma línea, Fouillioux califica de injusta la AC contra su defendido. Lo argumenta sosteniendo que, “más allá de que ante tan graves calificaciones, NADA dicen, relatan, exponen, significan, etc. con dichas descalificaciones, que desde ya inhiben el espíritu con que actuarían posteriormente, pues no se menciona ningún acto concreto en que ellas se manifiesten”.

A su juicio, los acusadores olvidan que la AC es “un proceso constitucional de naturaleza jurídico-política, basado en causales de derecho estricto. La AC contra mi defendido se desentiende de las exigencias jurídicas que la Constitución y las leyes establecen”. Por lo mismo, añade, “no existe un patrimonio de prelación política en su actuar por sobre lo jurídico, como es de fácil comprensión según lectura de esta”.

Luego de esa introducción, Fouillioux plantea la tesis central de su defensa:

“Ir contra otro poder del Estado o miembros de este (Poder Judicial) solo por desconfianza política en ellos, sin causa legal, es socavar las bases del Estado de Derecho democrático moderno, llevando a la República al debilitamiento del orden democrático que tanto nos costó recuperar”.

En el escrito, que consta de 25 páginas, Luciano Fouillioux postula que “en su capítulo primero la acusación plantea que, en su calidad de ministro de la Excma. Corte Suprema, desde el mes de marzo de este año y hasta la fecha de su presentación (23 de septiembre), mi defendido habría actuado de manera ‘deshonesta’, por ‘mentir al país’ en las declaraciones realizadas a los medios de prensa que acompaña, al negar la existencia de mensajería por escrito en el período de mi postulación a la Corte Suprema, el año 2021, y en la asesoría profesional prestada a la defensa del Sr. Chadwick en la acusación constitucional presentada en su contra en el mes de noviembre de 2019, sin reconocer su existencia hasta la fecha en que la acusación se presentó”.

Frente a ello, Fouillioux responde diciendo que Matus nunca negó conocer a Hermosilla en las cuatro declaraciones que ha realizado. Eso dejaría en evidencia que el supremo “nunca tuvo la intención de negar u ocultar haber conocido al Sr. Hermosilla o haber tenido conversaciones con él antes de su nombramiento, ni tampoco su contenido: hacerle saber que había una campaña en su contra y proporcionarle antecedentes objetivos al respecto, para el caso de ser consultado por el entonces Presidente de la República, por encontrarse en ese momento trabajando en el Ministerio del Interior”.

Con todo, reconoce que “es evidente que el ministro Sr. Matus se equivocó al creer y manifestar públicamente que esas conversaciones fueron solo por teléfono y mensajería de texto (…) Pero equivocarse sobre el medio en que se sostiene una conversación que nunca se ha desconocido no es ocultarla, pretender engañar al respecto y tampoco mentir”.

Lo más importante, concluye en su argumento, es que “en efecto, el ‘deber ético de veracidad’ no encuadra dentro de la causal de ‘notable abandono de deberes’, ya que los ‘deberes’ de los magistrados son los contenidos en el Código Orgánico de Tribunales y demás leyes que regulan sus deberes ministeriales, dentro de las cuales tampoco se encuentra expresamente señalado el ‘deber de veracidad’”.

El abogado defensor también profundiza en los errores del texto acusatorio presentado por Aedo. En el documento explica que “existe además una exigencia básica y también normativa, cual es que la potencial infracción que se persigue necesariamente, de haberse consumado, debe haber ocurrido en el ejercicio de las funciones propias del cargo y no antes de asumirlo, menos aún con efectos retroactivos a la acusación”.

Por lo mismo, continúa, “esto que parece básico y elemental de tener a la vista, está completamente extraviado en el texto mismo de la AC que han deducido en los presentes autos los Sres. (as) acusadores (as), según se puede constatar con la sola lectura del texto de imputación”.

De acuerdo a su línea de defensa, la ausencia de fundamentos jurídicos de la AC dirigida contra Matus “debe en consecuencia evitar (cuestión hasta acá no realizada) o impedir la consumación de la destitución del ministro Matus, acto que sería atroz en contra de la comunidad jurídica interna y extranjera en general incluido el poder judicial, donde el Sr. Ministro acusado goza de un prestigio y reconocimiento transversalmente reconocido como tal en múltiples antecedentes que se acompañan en un otrosí de esta presentación”.

No solo eso. El abogado también califica que, de prosperar la acusación, “se consumaría así, una de las mayores ofensas no solo para sí y su familia, sino que además, como se dijo, para la comunidad jurídica toda”.

Todo esto se agravaría por la realidad de que, a su juicio, la acusación presentada por Aedo está mal construida: “Desde luego está mal redactada, al punto que la hace inconexa, por completo, con inclusión de falta de armonía, en lo que respecta con lo constitucional, legal y jurídico, que la hace ser insustentable por sí misma”.

A eso, agrega Fouillioux, se suma que “está plagada de elementos meramente valóricos en opinión de sus redactores y ni tan siquiera se puede saber también si sus suscriptores, que desde luego responden como es sabido, con otros elementos valóricos sociales distintos entre ellos (as) conforme sus propias dilaciones políticas”.