En el marco de una serie de actividades realizadas para conmemorar el mes de la mujer, el pasado viernes 10 distintas autoridades visitaron el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, entre ellos el defensor nacional, Carlos Mora Jano; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y la exsubsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, siendo la última actividad a la que asistió con su cargo.
En la instancia, y tras reunirse con un grupo de internas del Centro Penitenciario, el defensor Mora dijo categórico: “Sabemos que existe un trato desigual hacia la mujer imputada”.
Y que “durante el último tiempo, hemos redoblado y fortalecido nuestros esfuerzos para visibilizar y eliminar las inequidades y la discriminación que atentan contra el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres”.
Bajo ese contexto es que se refirió a la desigualdad que existe entre hombres y mujeres que enfrentan un proceso penal, reiterando que “en Chile se encarcela la pobreza”.
La máxima autoridad de la Defensoría Penal Púbica, junto a las defensoras regionales metropolitanas sur y norte, Loreto Flores y Daniela Báez, se reunieron con un grupo de internas del Centro Penitenciario Femenino San Miguel, a quienes defensores penitenciarios y abogados del Departamento de Estudios y Proyectos de la institución, capacitaron en materia de derechos y defensa de género.
“Nosotros, los defensores penales públicos, sabemos que hay mujeres que no tienen las oportunidades que tienen otras personas y, por eso, hemos insistido en visibilizar esta realidad y dar gran relevancia a este tema”, agregó en la actividad Mora Jano.
Además destacó que las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad “son -por lo general- ignoradas por los sistemas penitenciarios que fueron diseñados para hombres, incluyendo las necesidades de salud sexual y reproductiva, derivadas de sus experiencias con la pobreza, la malnutrición, la violencia física, sexual y psicológica; el consumo de drogas y el poco acceso general a una atención médica adecuada, provocando –incluso- la muerte”.
En la misma línea, añadió que “nuestro país no ha implementado, hasta ahora, políticas legislativas que apunten a disminuir esta discriminación, sin embargo, han existido pronunciamientos judiciales específicos que, con mucha fundamentación, han aplicado una normativa internacional que establece que, privar a una mujer de libertad -en algunos casos- puede considerarse un tema de violencia de género”.
De esa manera, el defensor reiteró que “sabemos que existe un trato desigual hacia la mujer imputada, pues, aunque constitucionalmente se consagra el derecho a la equidad, existe diferencia de trato entre hombres y mujeres en el sistema penal”.
Durante el acto anunció que, en el marco de “nuestro compromiso constante por fortalecer la defensa penal con enfoque de género”, elaboraron un modelo de defensa que será utilizado a partir de abril, y que se sumará a la política de género que desde 2018 “ha implementado nuestra institución para eliminar brechas, barreras e inequidades”.
Además, el defensor declaró que “a través de esta nueva iniciativa, se buscará establecer y delinear nuestro trabajo de defensa especializada en mujeres y minorías sexuales”. Y que “con la incorporación de defensores preferentes capacitados, podremos abordar, por ejemplo, posibles ilegalidades de la detención de mujeres cuando -en su privación de libertad o detención- se cometan torturas o tratos crueles inhumanos o degradantes”.
Para controlar el cumplimiento de la nueva política, habrá “inspecciones focalizadas” que estarán centradas “en la primera entrevista, en las primeras audiencias, y en la adecuación de la teoría del caso o estrategia de defensa, con enfoque de género”, afirmó, puntualizando que con ello “todos nuestros defensores penales públicos serán capacitados para identificar y derivar este tipo de causas a profesionales especializados y preferentes en estos criterios”.
