La mayoría fueron robos en lugar no habitado (362), seguidos por desórdenes públicos (218), maltratos de obra a carabinero (92), portes de municiones (53), interrupción del tránsito con violencia (52), tenencia de armas (48) y saqueos (47). Ese es el grueso de los delitos asociados a la crisis social registrados entre el 15 y el 31 de octubre de 2020 y que fueron analizados en 936 audiencias de control de detención. La estadística fue levantada por la Defensoría Penal Pública (DPP), institución que representa el 92% de los casos que tramitan en el sistema penal.
De ese total de casos ingresados, los tribunales de justicia han dictado la prisión preventiva en 157 oportunidades, lo que equivale a a un 16,8%.
Durante el mismo periodo, la DPP ha registrado 8.104 audiencias de control de detención por ilícitos en general. De ellas, los jueces dictaron en un 8,1% la prisión preventiva.
Según la institución, con estas cifras se puede concluir que el porcentaje de prisiones preventivas dictadas por los jueces en casos por delitos relacionados a las protestas por la crisis social es el doble del que se registra si se consideran los ilícitos en general.
“Los delitos vinculados al estallido social tienen una regulación especial. Su gravedad o no puede ser discutible. Algunos de ellos, como los de la Ley de Control de Armas, tienen reglas que no permiten, por ejemplo, que las personas puedan cumplir en libertad”, dijo el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual. Agregó que lo mismo pasa con los delitos de incendio, que son en general graves.
Además, señaló que entre estos ilícitos vinculados al estallido se incluyeron el saqueo agravado y las barricadas, que con las modficaciones que se hicieron a la ley “encuadran mejor en una eventual aplicación de la prisión preventiva”. Por esto, dijo, hay más posibilidades que por estos delitos las personas queden con la medida cautelar más grave.
En este contexto, el 15 de octubre pasado los defensores públicos comenzaron a desplegarse presencialmente en gran parte de las comisarías del país para representar a los detenidos que han llegado en medio de las protestas. A la fecha han sido atendidas 766 personas a través de esta forma.
En relación a la solicitud de indulto que surgió por una parte de la oposición, para los detenidos por ilícitos registrados durante las manifestaciones sociales, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo ayer a Radio Cooperativa que “cuando se pide un indulto para estas personas, particularmente aquellas que ni siquiera han sido condenadas, que están sujetas a medidas cautelares, que son una minoría las que están privadas de libertad en virtud de una medida cautelar como la prisión preventiva, la señal es equivocada”.
Desde Interior señalaron que desde 18 de octubre de 2019 a la fecha han presentado 534 querellas por estos hechos en contra de 1.784 imputados.
De ellos, dijeron que hay 103 que están condenados por delitos ligados a la crisis social, como saqueos, incendios, desórdenes y por Ley de Seguridad del Estado (LSE). Además, indicaron que hay 145 personas en prisión preventiva (de ellas, tres por LSE) y 303 con arresto domiciliario.
