Más de 2 mil víctimas de explotación sexual infantil son las que considera el último informe de la Defensoría de la Niñez, compendio que lleva por nombre “Nota técnica N°5 Explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA): factores y caracterización en los últimos años” y que será entregado durante esta jornada por el organismo especializado en los derechos de los menores de edad.
El informe, que será dado a conocer junto al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio de Mejor Niñez, da cuenta que entre los años 2022 y 2023, 2.184 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas del delito de explotación sexual infantil, según cifras reportadas por la Fiscalía al organismo dirigido por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
En cuanto a la tasa de victimización de este tipo de delitos, según las cifras recogidas por la institución, 48,9 NNA fueron víctimas de estos hechos por cada 100 mil habitantes, lo que además levanta las alarmas en la institución debido a que corresponde a un aumento del 29% respecto al periodo anterior. En detalle, del total de víctimas el 86% de los casos corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que 64% tiene entre 14 y 17 años.
Respecto a aquello, el defensor sostuvo que “lamentablemente, durante los últimos años se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia hacia la niñez y adolescencia en una serie de ámbitos a nivel institucional, familiar y social. En ese contexto, diversos indicadores demuestran un aumento de la cantidad de niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, considerada una de las más graves formas de violencia sexual, equiparable a la esclavitud y al trabajo forzoso”.
A nivel país, las regiones que concentran la mayor tasa de víctimas de explotación sexual es encabezado por la Región de Magallanes, con 294,4 NNA víctimas de estos hechos por cada 100 mil habitantes. Le siguen las regiones de Aysén (108,1), Los Ríos (90,3), Ñuble (85,7), Arica y Parinacota (84,5), O’Higgins (76), entre otras.
Vulneraciones en el Estado
El informe entregado por la Defensoría de la Niñez, también se da cuenta del número de víctimas de explotación sexual mientras están bajo al cuidado del Estado. En ese sentido, según da cuenta el documento, durante el 2023 el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) ingresaron 441 denuncias por vulneraciones de este tipo, contabilizando 296 víctimas NNA.
La estadística que contabiliza la cantidad de hechos que tiene como víctimas a menores de edad bajo el resguardo del Estado, da cuenta que en promedio 32,5% de las residencias del país ingresaron al menos una denuncia, según el reporte de la Defensoría de la Niñez. A nivel nacional, y en detalle, por ejemplo, el 57% de los recintos de protección de NNA en la Región de Tarapacá denunciaron este tipo de hechos. Existen otros casos, como los de las regiones de Valparaíso y Los Ríos donde el 43% de los centros alertó sobre posibles delitos de explotación sexual infantil.
El reporte de la Defensoría también contempla que del total de víctimas de niños, niñas y adolescentes durante el último año, se separaron aquellos que fueron vulnerados en entornos digitales y no digitales. En este último análisis, se registraron 1.024 víctimas de explotación sexual por obtención de servicios sexuales o por promoción o facilitación. Además, se suman 1.167 víctimas de este tipo de delitos en entornos digitales. En este último caso el 51% de los casos las víctimas son niños o niñas de entre 0 y 13 años.
Quesille asegura que “el avance y desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones han develado una serie de riesgos asociados al uso de plataformas digitales, y han propiciado una negativa incidencia en la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, en específico respecto de abusos y explotación sexual digital, viéndose mayormente afectadas niñas y adolescentes mujeres”.
Las propuestas
El defensor destaca que el trabajo del Observatorios de Derechos de la institución “no sólo nos permite caracterizar a las víctimas de este grave delito, sino que además nos presenta un análisis que permite afirmar que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes es consecuencia de diversos factores: socioculturales y de género, lo que llamaríamos el patriarcado y adultocentrismo; además de fallas y descoordinaciones en los sistemas públicos; violencia y adversidad temprana a la niñez y adolescencia y espacios que se han hecho especialmente de riesgo, como son los centros residenciales y los asociados al entorno digital”.
El informe de la Defensoría concluye entregando una serie de propuestas respecto a las medidas que se deben tomar para abordar este tipo de hechos. En ese sentido, propone capacitaciones para los trabajadores del sistema de protección, una política nacional de prevención, mecanismos de detección preventiva, fortalecer la calidad de reparación, fomentar la investigación criminológica, entre otra serie de iniciativas, las cuales incluso van apuntadas al mundo privado.
Una vez conocido este informe, Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo sostuvo que “el Informe de la Defensoría de la Niñez apunta a un aumento sostenido en la victimización por explotación sexual infantil. Claramente se hace sobre la base de la judicialización, por lo tanto, subestima el potencial que significa hoy la victimización, que podríamos estar estimando entre 4 y 6 mil niñas víctimas, de las cuales sólo 1/3 llega a las vías judiciales”.
En esa línea, agregó que “lamentablemente de ese 1/3, 6 de cada 10 causas son archivadas y sólo 1 de cada 10 recibe condena, tal como lo ha señalado la plataforma Actuar es Urgente que sigue el monitoreo desde la Comisión que se hizo para investigar este delito al interior de los recintos del Estado. Y por eso es que es muy preocupante que sean cerca de 300 las denuncias que hoy están vigentes en recintos de protección del Estado. Chile no está cumpliendo con las disposiciones que se establecieron, tanto en las comisiones de Derechos del Niño, como también las obligaciones que asumió para la erradicación de la ESCNNA en los sucesivos marcos para la acción”.
Por lo cual, concluye que “se hace urgente y necesario contar con políticas públicas, programas con una oferta adecuada en matera de trauma complejo, que se hagan cargo de la reparación y reinserción de las víctimas de este grave delito.”
