Más de 300 denuncias son las que ha recibido la Defensoría Penal Pública (DPP) de parte de personas privadas de libertad, quienes han dado cuenta haber sido víctimas de violencias institucional de parte de agentes del Estado mientras se encontraban recluidas en diferentes recintos penales del país.
Cifra que este lunes dio a conocer el defensor nacional, Carlos Mora, en su exposición virtual en el encuentro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Según detalló el director de la DPP, en Chile desde mayo del año pasado se han denunciado 325 de violencia institucional carcelaria.
El anterior número, se da luego de que hace 17 meses la institución lanzó el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia institucional Carcelaria (SIRCAIVI), medida recogida de un programa de la Unión Europea y la cual busca fortalecer el acceso a la justicia de personas privadas de libertad que hayan sufrido alguna vulneración a los derechos humanos al interior de una cárcel.
Tras 17 meses, la medida ya ha logrado recoger los 325 casos, de los cuales a denuncias 298 fueron realizadas por hombres y 27 por mujeres. Según detalló Mora, los tipos de violencia denunciados por las personas privadas de libertad en su mayoría corresponde a agresiones físicas o psicológicas, seguidas de hechos que corresponden a abusos de autoridad y la falta de atención médica.
El defensor nacional, además detalló que el 30% de los casos en los que ocurre un caso de este tipo, las víctimas han expresado su negativa a que el defensor penal público realice alguna acción judicial por lo sucedido. A su juicio, aquello se explicaría debido al temor a represalias por parte de los denunciantes.
Mora aseguró que con la implementación de SIRVAIVI, “la Defensoría Penal Pública busca generar impactos en la situación de las personas privadas de libertad a nivel global (…), esperamos que la operación de este sistema genere cifras confiables sobre la violencia institucional en las cárceles de todo el país, incluidos los casos en los que las víctimas no están dispuestas a denunciar”.
En ese sentido, agregó que el registro de estos casos es particularmente relevante, “ya que permitirá acercarnos a la ‘cifra negra’ de la violencia carcelaria, en el sentido de que son precisamente estos casos los que tradicionalmente pasan desapercibidos para el Estado, y por tanto, no aparecen en las estadísticas oficiales, contribuyendo a la subestimación de la incidencia de la violencia carcelaria en Chile”.
Mora concluyó sosteniendo que a medida que se avance en la mejor detección y registro de estos casos, “el próximo desafío será fortalecer las capacidades para brindar atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria”.
