Defensoría tras remoción de fiscal Cartagena de caso Tomás Bravo: “Será en juicio oral donde prime la razón”

Hoy, la Defensoría Penal Pública del Biobío reaccionó a la decisión de reasignar el caso que investiga la muerte del menor Tomás Bravo a la fiscalía de Los Ríos. Fue ayer cuando el Ministerio Público dio a conocer que la indagatoria será dirigida por Tatiana Esquivel y ya no por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Esto, en el marco de la arista por sustracción de menor.

Según afirmó el órgano persecutor, la razón de esta decisión obedece a “asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso”.

El defensor regional del Biobío Osvaldo Pizarro afirmó: “El sesgo de selección y confirmación han marcado desde el primer día la persecución en contra de Jorge Escobar. Y nada de eso cambia con la decisión del fiscal nacional al sustituir la persecutora en una investigación distinta donde el señor Escobar no tiene ni ha tenido ninguna vinculación”.

“Será entonces en un juicio oral donde prime la razón, la lógica y especialmente el conocimiento científico serio, la instancia para hacer justicia y demostrar la inocencia del único imputado de este caso”, agregó.

En el transcurso de la indagatoria, que busca esclarecer la extraña muerte del menor, el único imputado ha sido el tío abuelo, Jorge Escobar. Sin embargo, la fiscalía no logró demostrar su imputación.

La causa tuvo su origen el 17 de febrero de 2021, cuando el niño fue reportado como desaparecido en el sector de Caripilún, en la Región del Biobío, tras pasear con Escobar por el sector. El cuerpo sería encontrado tras nueve días de intensa búsqueda, cerca de dos kilómetros de su hogar.

La gestión de la fiscal Cartagena no estuvo exenta de críticas mientras estuvo a cargo del caso, que removió a la opinión pública. La madre del menor, Estefanía Gutiérrez, manifestó sus reparos con el trabajo de la persecutora al no encontrar nuevas diligencias.

A eso se sumó la intención de un grupo de parlamentarios, liderado por el diputado Leonidas Romero (ex Republicano y ex RN), quienes querían remover a la persecutora del caso. Eso sí, dicha idea fue rechazada por la Corte Suprema el 8 de mayo en fallo dividido del pleno.

Una de las principales críticas del grupo de parlamentarios es justamente un caso que impactó a la opinión pública y que se cerró sin responsables.

Por su parte, en sendos informes del Ministerio Público donde se dio cuenta del curso de la indagatoria, la persecutora cuestionó a la primera fiscal del caso, Carolina Molina, por “falta de liderazgo los primeros cinco días de búsqueda y la intervención de “muchas manos” desde la PDI.