Dejan en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio por delitos de corrupción

Por siete horas se extendió este martes, ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, la audiencia de formalización en contra de siete imputados por distintos delitos de corrupción perpetrados en el ámbito de licitaciones en municipalidades, entre ellos el alcalde de la comuna de San Ignacio, César Figueroa Betancourt, quien fue enviado a prisión preventiva.

Respecto a la instancia, la fiscal Nadia Espinoza decretó el secreto de la investigación, por lo que no fue posible recabar mayor información sobre los hechos imputados más que el resultado de la formalización.

Al edil le fueron formulados cargos por dos delitos de cohecho, uno de fraude al Fisco, dos falsificaciones de instrumento público y un delito de malversación de caudales públicos. Por lo anterior, la jueza de Garantía Claudia Aguayo dictaminó la medida cautelar más gravosa contemplada por el Código Penal, por considerar que la libertad del jefe comunal es un peligro para la seguridad de la sociedad.

Igual medida privativa de libertad le fue impuesta al director de Salud del mismo municipio de San Ignacio, Krysler Monroy Castillo, quien fue formalizado por un delito de cohecho y otro de fraude al Fisco; como también al empresario chillanejo Rodrigo Carmona Olivarez, a quien se le investiga por cuatro sobornos, estafa frustrada y violación de secreto.

En tanto, la cuarta prisión preventiva se decretó para Rodrigo Sandoval Terán, quien ejercía como operador político y colaborador de Carmona, a quien el Ministerio Público formalizó por tres delitos de soborno y una estafa frustrada.

En el caso del jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Ignacio, Edgardo Suazo Jiménez, la fiscal le comunicó que se le investiga por dos cohechos y dos fraudes al Fisco, quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Por su parte, el tesorero del mismo municipio, Hugo Troncoso Salazar, fue imputado por cohecho y quedó con firma mensual en Carabineros, y prohibición de salir del país y de acercarse a la municipalidad en la que se desempeña.

A ellos se sumó un séptimo imputado, quien fue detenido este lunes. Se trata de Carlos Fernández Aedo, jefe de Administración de la Dirección de Administración Municipal de Ñiquén, quien fue formalizado por violación de secreto y cohecho, a quien la magistrada le impuso el arresto domiciliario nocturno, la firma quincenal en Carabineros, y la prohibición de salir del país, de acercarse al municipio y de comunicarse con los demás imputados.

Cabe indicar que las diligencias se iniciaron el viernes pasado, por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble, siendo aprehendidas seis personas. Ese mismo día, la fiscal Nadia Espinoza solicitó al tribunal órdenes de entrada, registro e incautación, las que se realizaron en dependencias de las municipalidades de San Ignacio, en la Región de Ñuble, y de Graneros, en la Región de O’Higgins, hasta donde también se extienden las indagatorias.

Un día después, se les controló la detención, la que fue declarada legal por el tribunal, pidiendo la persecutora ampliar la detención hasta este martes.

Finalmente, la magistrada Aguayo estableció un plazo de siete meses para que la Fiscalía sustente la respectiva investigación.